El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado contra los servicios jurídicos del Parlamento Europeo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidiera anular la retirada de inmunidad a los tres líderes independentistas que fueron eurodiputados durante la pasada legislatura. La decisión se fundamenta en una falta de imparcialidad en la tramitación del suplicatorio que permitió levantar la protección parlamentaria.
Desde el Parlamento Europeo, el expresidente de la Generalitat ha celebrado el fallo del alto tribunal, aunque ha subrayado que “resultaba tan evidente que lo sorprendente es que no se dieran cuenta los servicios jurídicos”. En la formación nacionalista consideran que la negativa a mantener su inmunidad les ha perjudicado de manera significativa, ya que, según argumentan, les ha limitado la libertad de movimiento que tenían otros eurodiputados.
Parafraseando la sentencia conocida durante la mañana del jueves, Puigdemont cree que supone “un revés muy duro” para la Eurocámara, al constatarse que se vulneraron sus derechos “con una clara falta de imparcialidad”. En este sentido, Junts interpreta la resolución como una corrección directa a los procedimientos internos del Parlamento Europeo.
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Puigdemont ha calificado como “viciada” la tramitación que siguió el documento que terminó por retirarle la inmunidad a él y a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, que también obtuvieron escaño europeo en la pasada legislatura con JxCAT. Por ello, ha subrayado que la resolución conocida este jueves es una noticia que les produce una satisfacción “muchísima”.
"Es una victoria para las minorías perseguidas", ha sentenciado Puigdemont, insistiendo en que el fallo no solo les beneficia a ellos, sino que lanza un mensaje más amplio sobre la necesidad de preservar los derechos de representación política en el marco comunitario.
La sentencia no cierra el frente judicial
Sin embargo, en la práctica, la sentencia no disipa la tensión que rodea al independentismo catalán, ni resuelve las causas pendientes con la justicia española. El Tribunal todavía tiene pendiente dirimir la legalidad de la ley de Amnistía, un asunto que podría abordarse —según fuentes de Junts— dentro de unos cuatro meses.
En el partido consideran que, pese a este pronunciamiento favorable, el conflicto judicial sigue abierto y que el desenlace dependerá en gran medida de la interpretación que se haga de la amnistía en el marco europeo.
Relaciones rotas con el Gobierno
En el entorno de Puigdemont aseguran que las relaciones con el Gobierno y con los socialistas siguen rotas pese al “alivio judicial” del TJUE. Después de que Junts decidiera votar en contra del último decreto ómnibus en el Congreso, recuerdan sus “repetidas” advertencias, ante las que afirman no haber recibido respuestas convincentes.
De la misma forma, niegan que se haya producido durante el día de hoy un encuentro entre el líder de Junts y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que también se encontraba en Bruselas por un evento de partido. Desde la formación relegan las conversaciones “al ámbito privado” y evitan alimentar especulaciones sobre posibles acercamientos.
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Consideran, además, que un Gobierno “normal” habría convocado elecciones después de constatar la pérdida de parte de los apoyos con los que logró la investidura.
Compromisos incumplidos y el catalán en Europa
Fuentes de la formación independentista hacen hincapié en los compromisos “incumplidos” por parte de los socialistas. Entre ellos, destacan especialmente la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, una reivindicación que Junts considera central en su agenda.
Según apuntan, podría haberse producido una pérdida de oportunidad durante la reunión entre el canciller alemán Friedrich Merz y Pedro Sánchez, donde esperaban avances diplomáticos para desbloquear la cuestión lingüística.
Para Junts, este tipo de compromisos frustrados explican el deterioro de la relación con el Ejecutivo y refuerzan su estrategia de presión parlamentaria en Madrid.
Una cuestión de imparcialidad
El tribunal con sede en Luxemburgo sostiene que el ponente encargado del suplicatorio habría sido un miembro del mismo grupo parlamentario europeo que Vox, partido personado en la causa del procés tras el referéndum independentista.
“La designación del ponente era contraria a la exigencia de imparcialidad”, sentencia el TJUE en un comunicado oficial, recalcando que este defecto en el procedimiento justifica la anulación de la retirada de inmunidad.
La resolución supone un nuevo revés para la Eurocámara y reabre el debate sobre las garantías jurídicas en este tipo de procesos, especialmente cuando afectan a representantes electos en contextos de alta polarización política.
El caso de Toni Comín, el único con efecto inmediato
Pese a todo, esta decisión solo tiene trascendencia práctica inmediata para el eurodiputado electo Toni Comín, quien todavía no ha recogido en España su acta como parlamentario a la espera de que se le aplique la ley de Amnistía.
Eso sí, el exconseller de Sanidad cree que ahora se podría reactivar otra causa abierta sobre la inmunidad con la que podría contar en todo el territorio comunitario.
En este caso, Vox había impulsado la acción penal en España, y el ponente designado formaba parte del mismo grupo político europeo que los representantes de esa formación. Para el TJUE, esta circunstancia podía generar una percepción de falta de imparcialidad incompatible con las garantías exigidas.
Un acto previo bajo el lema “Cataluña es España”
Además, la sentencia subraya que el Tribunal General pasó por alto un elemento especialmente relevante: el 6 de marzo de 2019, la persona que posteriormente fue designada ponente organizó en el Parlamento Europeo un acto en el que intervino el secretario general de Vox bajo el lema “Cataluña es España”, cuando el proceso penal ya estaba en marcha.
Para el Tribunal de Justicia, este hecho era indicativo no solo de afinidad política, sino también de una posición favorable al procesamiento de los eurodiputados.
Revés para la Eurocámara y reapertura del escenario político
Como consecuencia, el TJUE declara nulas las decisiones del Parlamento Europeo, al haberse basado en informes elaborados por un ponente cuya designación no respetó la exigencia de imparcialidad.
La resolución recuerda que, aunque la Eurocámara dispone de un amplio margen de apreciación en materia de inmunidades, está obligada a respetar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a que los asuntos sean tratados de manera imparcial y equitativa.
La sentencia es definitiva en este procedimiento y deja sin efecto la retirada de inmunidad acordada en 2021, reabriendo el escenario político y judicial en torno a los eurodiputados independentistas catalanes.