Pável Dúrov (San Petersburgo, 1984) se ha convertido en cuestión de horas en uno de los críticos más visibles del Gobierno de Pedro Sánchez. El fundador y CEO de Telegram ha cruzado una línea inusual en las grandes tecnológicas: interpelar directamente a millones de ciudadanos españoles para cuestionar una iniciativa de su Ejecutivo, utilizando la plataforma de su propiedad como altavoz político.
Un tecnólogo convertido en actor político
Dúrov, de 41 años, es una de las figuras más singulares del ecosistema digital global. Fundador de la red social rusa VKontakte y creador de Telegram, ha construido su perfil alrededor de una idea central: la defensa radical de la privacidad, el cifrado y la libertad de expresión frente a los Estados. Esa posición le ha enfrentado en el pasado a gobiernos como el ruso —del que salió en 2014— y le ha generado fricciones recurrentes con autoridades europeas.
Hasta ahora, España no era un país en el que tuviera frentes abiertos. Pero eso cambió desde que hace unos días el Gobierno de Pedro Sánchez puso sobre la mesa un paquete de medidas para endurecer la regulación de las redes sociales, con especial atención a la protección de menores y a la posible responsabilidad penal de los directivos de las plataformas digitales por determinados contenidos ilegales.
El mensaje que encendió el choque
La respuesta de Dúrov al anuncio de esa medida del gobierno español llegó la tarde del miércoles de forma inusual. A través de Telegram, envió un mensaje masivo a los usuarios en España de la plataforma cargando contra el plan del Ejecutivo y lo presentó como un riesgo para la libertad de expresión y la privacidad digital.
En ese texto, el fundador de la aplicación alertaba de que las nuevas reglas podrían “convertir la seguridad en un arma política” y abrir la puerta a la censura preventiva.
El gesto ha tenido un fuerte impacto político y mediático. No solo por el contenido, sino por la forma: un empresario tecnológico extranjero dirigiéndose directamente a la ciudadanía española para cuestionar una política pública.
Desde La Moncloa se respondió defendiendo la necesidad de regular a plataformas que, a juicio del Gobierno, albergan contenidos ilícitos y no cooperan lo suficiente con las autoridades.
Un perfil incómodo para los gobiernos
Dúrov encaja mal en los esquemas clásicos. Multimillonario, pero con una imagen austera; influyente, pero ajeno a los grandes foros del poder económico; y con una estrategia comunicativa basada en hablar a los usuarios sin intermediarios.
No se le conocen alianzas empresariales estables ni amistades públicas con otros magnates tecnológicos, aunque comparte trincheras ideológicas con figuras como Elon Musk en su rechazo a la regulación estatal de las plataformas.
Su enfrentamiento con Sánchez no es, obviamente, personal. Es ideológico y estructural. Para Dúrov, obligar a las plataformas a vigilar activamente los contenidos o asumir responsabilidades penales por loque se vierte en ellas supone romper el principio de neutralidad tecnológica.
Para el Gobierno español, en cambio, se trata de cerrar vacíos legales y proteger a los usuarios más vulnerables en un entorno digital cada vez más influyente.
Más que un enemigo coyuntural
El choque con el gobierno español sitúa a Dúrov en un papel que ya ha desempeñado en otros países: el del tecnólogo que desafía a los Estados en nombre de las libertades digitales.
En España, ese desafío ha adquirido un cariz especialmente político al producirse en un contexto de debate europeo sobre regulación, desinformación y control de las grandes plataformas.
Así, Pavel Dúrov no es solo el último 'enemigo' de Pedro Sánchez. Es el símbolo de una batalla más amplia entre gobiernos que buscan reforzar su soberanía digital y empresarios que defienden un internet con menos fronteras y menos controles.
Una batalla que, como demuestra el mensaje enviado a millones de móviles españoles, ya no se libra solo en despachos y parlamentos, sino directamente en el bolsillo de los ciudadanos.