La legislatura entra en su estadio final. Restan apenas tres meses y medio del actual periodo de sesiones y, tras el parón estival, se apurarán los últimos compases. El Gobierno de coalición ha de comenzar a concretar sus últimos Proyectos de ley, algunos de los cuáles han encallado.
Uno de ellos es la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, también conocida como ley Darias. A buen seguro, la ministra que da nombre al articulado, Carolina Darias, ni siquiera continuará en Moncloa cuando se debata y vote en pleno ya que será la candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas. Las negociaciones entre los socialistas y Unidas Podemos para limar los puntos discordantes las comandan los grupos parlamentarios. A falta de conocer el redactado final, estas son las principales claves.
Un Sistema Nacional de Salud (SNS) 100% público La nueva ley establece que sólo se podrá recurrir a la gestión indirecta mediante conciertos con la Sanidad Privada de forma complementaria y justificando que se están utilizando de forma óptima todos los recursos públicos, que pese a ello hay insuficiencia de medios propios y que hay necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la gestión pública. Será el Consejo Interterritorial de Salud el que determine, fijando indicadores comunes, cuándo se cumplen esos criterios. Si alguna administración recurre al concierto tendrá que primar a los centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo, siempre que existan condiciones análogas de eficacia, calidad y costes. Los centros sanitarios públicos deben tener un código de buena gobernanza para conseguir una gestión profesionalizada y reforzar la autonomía y flexibilidad de la gestión. Transparencia La nueva norma apuesta por la Transparencia en los indicadores sanitarios que evalúan el funcionamiento de los centros sanitarios. Las Memorias de Análisis e Impacto Normativo (MAIN) de las normas tienen que incluir el impacto en la salud de los ciudadanos. Amplía el derecho a la asistencia sanitaria pública: -A los españoles residentes en el extranjero, y a sus familiares, durante sus estancias temporales en España. -A los ascendientes, y descendientes de una persona que ya sea titular de tarjeta sanitaria y que dependan de él, por reagrupamiento familiar. -A las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. -A los solicitantes de protección internacional. -A las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Recupera la cartera común de servicios para unificar la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios. Introduce garantías para que no se produzcan copagos. Clarifica la atención especializada y sociosanitaria en la rehabilitación de pacientes con déficit funcional. Incorpora a pacientes, profesionales y ciudadanos a los órganos de asesoramiento del SNS.
Estado de la ley
La ley de equidad sanitaria pasó la toma en consideración en el Congreso el pasado septiembre. Desde entonces, la Mesa del Congreso amplía de forma sistemática el plazo de enmiendas, y ya van 24, para dar tiempo a los socios de la coalición a acercar posturas. El Proyecto de ley permanece bloqueado y hay dos versiones bien diferenciadas: los socialistas dicen que las conversaciones continúan, mientras los morados aseguran que el socio mayoritario aún no les ha respondido a su última oferta sobre las privatizaciones, el principal punto discordante.
Las excepciones a las privatizaciones
Las externalizaciones en sanidad están avaladas por la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, rubricada por José María Aznar. PSOE y Unidas Podemos firmaron en el pacto de investidura “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, se comprometieron a “revisar” la antecitada ley del Ejecutivo de Aznar. No obstante, los morados consideran que la ley de equidad sanitaria deja abierta la puerta de par en par a las externalizaciones y advierten de que no podrán apoyarla en caso de que no se modifique.
Desde el Ministerio de Sanidad apuntan a que las negociaciones se libran entre los grupos parlamentarios. El Grupo Socialista asegura que sí, que se está hablando no solo con Unidas Podemos, sino con otros partidos. “Estamos intercambiado papeles”, apuntan. Sin embargo, desde la formación morada lo desmienten.
El pasado 22 de febrero hubo una reunión a tres bandas: dos diputados socialistas, dos diputados morados y dos representantes del Ministerio de Sanidad. La cita concluyó sin atisbo alguno de pacto y, a fin de evitar el bloqueo, UP ofreció al PSOE suprimir íntegramente el artículo 1 de la ley Darias y derogar la ley 15/97 de Aznar para evitar futuras privatizaciones. Echenique, en rueda de prensa, ha confirmado la propuesta, pero también que “aún no hay respuesta por parte del Ministerio”.
El espacio confederal argumenta que la propuesta no solo desencallaría el articulado, sino que “entendemos que tendría mayoría parlamentaria”. Se trata, básicamente, de derogar la ley de Aznar que avala las privatizaciones sanitarias y no sustituirla por “ningún texto alternativo”; ya que, según UP, la ley de equidad sanitaria “deroga formalmente esa ley, pero mantiene el espíritu de la ley de Aznar”.
El artículo 1 del Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud modifica la ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril) para limitar las privatizaciones. No obstante, las excepciones son tantas que, según la formación morada, no quedan limitadas ni mucho menos.
Los socialistas apuestan por añadir un artículo 47 que recogería que “la gestión y administración de las estructuras y servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud se llevará a cabo de manera directa: a) por la administración competente; b) a través de entidades entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; c) mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional.
Es en el punto dos de este artículo donde se fija que “de forma excepcional, justificada y motivada”, se “podrán establecer conciertos o recurrir a cualesquiera de los contratos regulados en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a cualesquiera de las fórmulas de colaboración previstas en la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Las razones que amparan a las administraciones a las privatizaciones serían la “utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, “la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones” y “la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las establecidas en el apartado 1”.