El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado prisión preventiva, comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado, Santos Cerdán, tras su declaración en el marco del caso Koldo. Se le investiga por el presunto cobro de comisiones a cambio de obras públicas en una trama en la que también están implicados su antecesor en el partido y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.
En concreto, el magistrado atribuye a Cerdán delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, le considera el cabecilla de una trama de mordidas a cambio de obras públicas, por lo que, al igual que las acusaciones particulares, dirigidas por el Partido Popular, ha solicitado prisión ante potencial riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas e, incluso, coacción de testigos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado en reacciones. Desde Sevilla, donde se celebra la Cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), ha garantizado “máxima colaboración con la justicia”; recordando que nada más trascender su posible implicación, se actuó de forma “contundente” y se le apartó de todos sus cargos.
Durante su declaración, Cerdán solo ha respondido a preguntas de su abogado y ha negado cualquier implicación en la trama, así como el cobro de mordidas.
Sobre los audios grabados por el exasesor, Koldo García, y que son el eje del informe de la UCO, ha afirmado que están descontextualizados; avanzando que presentará un informe pericial sobre los mismos.