Ya no hay vuelta atrás, el próximo miércoles el Congreso acoge el debate de totalidad del Proyecto de Ley de la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. La medida estrella del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz llega a la Cámara Baja después de que fuera retirado del «pleno escoba» de julio. Aquel paso atrás se produjo ante el temor de no lograr los votos necesarios y, en esta ocasión, tampoco hay visos de que los logre.
La reducción de jornada es una de las grandes promesas de Sumar y también una asignatura pendiente del pasado curso político, pero la formación progresista no esperaba tener que afrontarla tan pronto. Dentro del grupo parlamentario señalan que su intención era seguir negociando con la esperanza de que en una o dos semanas la cuestión estuviera «más madura» y las conversaciones con el resto de formaciones llegaran a buen puerto.
Sin embargo, el proyecto de ley ya se ha colado en el orden del día antes de lo esperado. Algunas voces de Sumar consideran que la Mesa debió haber sido más cautelosa al poner fin al plazo de enmiendas de totalidad y hablan de ese proceso como el «pecado original» que ha abocado al fracaso, por ahora, a esta medida.
Mecanismo de compensación
Con ese margen de tiempo con el que creían contar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno quería estudiar cómo articular un mecanismo de compensación por perdidas para las empresas. Es decir, definir un registro con el que las empresas pudieran evaluar las perdidas económicas suscitadas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, y en caso de que se acreditase, ser compensadas. Aunque Sumar da por hecho que no habrá perdidas y por tanto no será necesario ese fondo de compensación.
Como ocurrió a principios de verano, el principal escollo para que la medida salga adelante es Junts. La formación independentista ve inviable que medidas que propone el texto aprobado por el Consejo de Ministros, como el registro digital, puedan ser adoptadas por las PYMES. Además de en las PYMES, Junts se escuda en varios informes que les han hecho llegar desde las patronales catalanas donde “alertan del riesgo existente ante posibles cierres de empresas”.
Aunque las negociaciones no cesan, en Sumar no se muestran optimistas. Dentro de la formación hay partidarios de retirar, por segunda vez, el proyecto de ley. Aunque son conscientes del desgaste político que implica, es la manera de evitar tener que volver a iniciar todo el trámite normativo si, como se espera, el Congreso tumba la iniciativa.
Decisión firme
Este escenario no entra en los planes de la vicepresidenta y ministra de Trabajo que está decidida a que se produzca la votación. Díaz no es ajena al previsible desenlace de su proyecto estrella, pero a pesar de la derrota, espera que sirva a la opinión pública para que queden claras las posturas. En los últimos días, y con las negociaciones con los independentistas como telón de fondo, la dirigente de Sumar ha querido poner el foco en el PP y en Vox: «No es el Gobierno de España el que está fallando, es la oposición».
Díaz ya ha confirmado que si el Congreso rechaza el proyecto en esta ocasión volverán a llevarlo en el futuro. «Mi paciencia es infinita«, afirmó durante un acto en la sede de su ministerio la semana pasada.