El Consejo de Ministros celebrado el pasado 22 de julio aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información. La norma aspira a desarrollar el artículo 20.1.d) de la Constitución y se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia aprobado el año pasado.
De concluir el trámite parlamentario, se estaría atendiendo a una de las principales reivindicaciones del sector periodístico tras casi 40 años de propuestas fracasadas. El primer intento por desarrollar el derecho al secreto profesional previsto en la Constitución se remonta a cuatro décadas atrás.
Se abre la sesión
Era verano de 1986, la III Legislatura (1986-1989) echaba a andar y Felipe González iba a disfrutar de su segunda mayoría absoluta. El expresidente Adolfo Suárez había regresado a la primera línea política con su nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), y un grupo parlamentario que rondaba la veintena de diputados. El mismo día que constituyeron las nuevas Cortes, el CDS registró una proposición de ley para el desarrollo del Artículo 20.1.d) de la Constitución en relación con el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista.
Habían transcurrido ocho años desde la aprobación de la Constitución de 1978 y el Grupo Centrista consideraba necesario dar cumplimiento al mandato constitucional dado que había «transcurrido un largo plazo sin haberse acometido su desarrollo legislativo».
En la exposición de motivos de la iniciativa se apelaba a la necesidad de blindar el secreto profesional para dar cumplimiento con «la mejor tradición del periodismo en los países políticamente libres, exige que en ciertos casos se llegue a garantizar el anonimato de los autores de una información ante los demás actores sociales incluyendo a los representantes de los diversos poderes».
La proposición de ley llegó al pleno en noviembre de 1986, pero no logró superar el debate de toma en consideración. Por el CDS, defendió la iniciativa el diputado y periodista Federico Ysart. Durante su intervención destacó que sí su grupo había comenzado los trabajos parlamentarios precisamente con esa proposición no era por ningún «afán partidista», sino por el convencimiento de que solo «una sociedad informada, sólo una sociedad armada con el valor del convencimiento podrá gobernarse a sí misma».
Ysart apremió a su aprobación y al apoyo del resto de grupos aludiendo a los «demasiados problemas» que desde la aprobación de la Carta Magna se habían producido al respecto y que no dejaban margen para «seguir sesteando sobre esta materia».
Con el PSOE hemos topado
En el turno en contra, intervino por el PSOE el diputado José Beviá Pastor que, aunque compartía el fondo de la iniciativa del CDS, consideraba que las prisas, «una especie de sentido apresurado de la oportunidad», le habían jugado al partido de Suárez una mala pasada en el momento de concretar las medidas.
Beviá definió la proposición como un texto que se movía «contradictoriamente entre la insuficiencia y lo exorbitante, entre lo superfluo y lo impreciso (…) el metal que hay debajo no se adecua al valor de la moneda que se quiere poner en circulación». A lo largo del debate confrontó en cuestiones como la definición de secreto profesional, la delimitación de los soportes informativos embargables o la condición de periodista.
«Resulta inaceptable que el mero hecho de pertenecer a una corporación, el solo hecho de estar inscrito en un colegio profesional, aunque no se ejerza la profesión, pueda comportar automáticamente la protección que la proposición de ley plantea», sentenció desde tribuna el socialista.
Entre el resto de los grupos minoritarios como el Mixto, el PSP o Minoría Catalana, la proposición sí que encontró respaldo. También en el principal partido de la oposición, Alianza Popular. La oposición reprochó de manera retirada al PSOE que aún compartiendo el espíritu de la norma se situaran en el «no» y cerrarán la puerta a su mejora durante la tramitación.
De los 296 votos emitidos, 160 fueron en contra, 134 a favor y hubo dos abstenciones. El primer intento por regular el derecho al secreto profesional, así como los sucesivos hasta la actualidad, fracasaron. Sin embargo, el derecho a la cláusula de conciencia de los profesionales de la información sí logró encaje en una ley orgánica de 1997.
«Llenar esa laguna»
Dos años después de aquel intento inicial, el CDS volvió a tomar la iniciativa y en la primavera de 1998 registraron otra proposición sobre la materia. Un texto inspirado en la anterior iniciativa pero ampliado y con más concreción y detalle en cuestiones como la propia definición de «secreto profesional».
De nuevo, fue Ysart el encargado en defender la proposición de ley en nombre del CDS. En su intervención recordó que un año atrás, el Ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, había informado a la Cámara y al país de que estaban trabajando en la elaboración de un proyecto de características análogas a la iniciativa del CDS, que en 1986 había sido rechazada solo con el voto en contra del Grupo Socialista.
«Pasado un año, a la vista de que ese proyecto no llegaba, agobiados sin duda por otros trabajos legislativos, acudimos prestos a llenar esa laguna», afirmó el diputado del CDS.
La cuestión había vuelto al pleno en febrero de 1989, y para entonces, en el Congreso ya había otra iniciativa sobre esta misma cuestión promovida por Izquierda Unida (IU). Así lo puso de manifiesto su diputado Ramón Espasa durante el debate de la segunda proposición del CDS: «Quiero señalar que nosotros apoyamos aquella iniciativa en su momento, y la volvemos a apoyar ahora, porque creemos que el artículo 20 de la Constitución debe ser desarrollado (…) Tenemos iniciativas legislativas parecidas, paralelas a ésta, en forma de dos leyes separadas sobre el mismo tema».
Como en 1986, el principal escollo fue el PSOE. Al igual que en el anterior debate, fue Bevía el encargado de exponer los motivos que iban a llevar a su grupo a votar en contra. Por un lado, aseguró que desde el punto de vista «de la técnica jurídica» no había avanzado demasiado entre una y otra proposición. Por otro, el diputado señaló que no era una iniciativa muy oportuna en ese momento «porque no existe indefensión por parte de los periodistas».
No hay dos sin tres
Como se ha señalado, antes de que la segunda proposición del CDS fuera debatida en el hemiciclo, IU ya había registrado su propia propuesta. Un texto con solo dos artículos y de contenido similar al del Grupo Centrista, que sin embargo, ponía el foco solo en el derecho al secreto profesional y abogaba por su desarrollo en una ley al margen de la cláusula de conciencia.
Además, se ofrecía una nueva variante de la definición de periodista: «Son periodistas los profesionales que como trabajo principal y retribuido se dedican a obtener y elaborar información para difundirla o comunicarla públicamente por cualquier medio de comunicación técnica».
Tan solo tres meses después de que fuera rechazada la PL del Grupo Centrista, el orden del día del pleno del Congreso volvía a prever una toma en consideración sobre el derecho al secreto profesional. A pesar de los esfuerzos, corrió la misma suerte que las anteriores como consecuencia de la negativa del PSOE.
Espasa (IU) trató de convencer al partido de Gobierno poniendo el foco en una sutil, pero importante diferencia respecto a las anteriores propuestas que se habían debatido. En este sentido, desde IU planteaban el derecho al secreto profesional, no como un derecho absoluto, sino limitado por otros: «¿Cuáles son estos límites que nosotros establecemos? Sólo dos: en primer lugar, la ley de secretos oficiales y el Real decreto que regula las materias clasificadas; y en segundo lugar, todo lo contenido en el Libro 11, del Título 1 del Código Penal, es decir, todo lo que atañe a la seguridad exterior del Estado«.
No fue suficiente, y tal como advirtió el diputado socialista Francisco Valls García, «nuestro Grupo va a mantener la postura que ustedes conocen», el PSOE votó en contra.
Dudas y recelos
En una actuación muy parecida a la del CDS en la III Legislatura, IU decidió tan solo tres días después de que se constituyera la IV Legislatura (1989-1993) dedicar sus primeros trabajos parlamentarios al desarrollo del derecho al secreto profesional. Una PL de idéntico contenido a la que el Congreso había rechazado tiempo atrás.
El debate transcurrió en los mismos márgenes que los anteriores. Espasa volvió a tomar la palabra en nombre del grupo proponente, IU, instando al Grupo Socialista a no volver a bloquear la tramitación.
Aunque durante todo el debate la oposición fue de la mano, el Grupo Popular sí expresó ciertas reticencias. Su diputado Alejandro Muñoz-Alonso confesó que «personalmente abrigo enormes recelos ante toda normativa reguladora de la función de informar porque la historia y la experiencia demuestran con abrumadora evidencia que, en la mayor parte de los casos, las leyes de este tipo han sido utilizadas por el poder con finalidades restrictivas». Sin embargo, confirmó que su grupo apoyaría la iniciativa destacando el papel que los medios de comunicación habían jugado en la Transición.
«Los medios llevaron a cabo, todavía en plena dictadura, una especie de preparación artillera derribando ídolos, transgrediendo tabúes y planteando metas de libertad y democracia», recordó desde la tribuna de oradores.
En nombre del PSOE, tomó la palabra Juan Manuel del Pozo Álvarez, que para explicar el voto en contra de su grupo hizo alusión a los «periodistas, escritores, intelectuales, juristas, magistrados y políticos que, desde el año 1986 hasta el momento presente, en que volvemos a tocar esta cuestión, han manifestado fuertes discrepancias respecto a la forma idónea de regular, en concreto, estos derechos».
En nombre de su partido, señaló que el Gobierno trabajaría para «buscar el grado de consenso suficiente por parte de las fuerzas políticas parlamentarias y los sectores profesionales directamente implicados». Junto al derecho al secreto profesional, el pleno también debatió de forma acumulada una PL de IU sobre la cláusula de conciencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 288; a favor, 142; en contra, 146. El margen de perdida de las votaciones era más reducida que en anteriores ocasiones, pero seguía sin ser suficiente para que la PL superara su toma en consideración.
El PNV en escena
Durante la VI Legislatura aún volvería la cuestión a pleno una vez más. En esta ocasión la iniciativa corrió a cargo del PNV. La principal novedad que introducía el texto era la reserva de que el director o el editor del medio informativo puedan inquirir del periodista la revelación de sus fuentes. Los nacionalistas vascos defendían esta novedad, «habida cuenta de que lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Prensa y 15 del Código Penal pueden acarrear responsabilidades civiles e incluso criminales tanto para el Director como para el Editor y no sería razonable hacer afrontar a éstos unas eventuales responsabilidades sin posibilidad de controlarlas».
No obstante, en la exposición de motivos de la iniciativa, se establecía un salvoconducto para garantizar la confidencialidad de la fuente: «Se establece que, si el Director o Editor exigiesen la revelación de la fuente, quedarán amparados y obligados por el secreto profesional en los mismos términos que el Periodista».
La PL se debatió en el pleno del Congreso en junio de 1991 y Emilio Olabarría (PNV) recordó que la cuestión se había abordado de formar reiterante en esa Cámara, pero también en el Senado. Si bien, se mostró comprensible sobre «las causas retardatorias que pueden justificar la ya importante demora -doce años- en el cumplimiento de un mandato constitucional» y reconoció las dificultades de pasar de un Estado autocrático a uno democrático, con el consecuente catálogo de prioridades legislativas que implica.
Con todo, el diputado vasco afeó al PSOE tumbar todas las iniciativas alegando que el Gobierno trabajaba en un anteproyecto que «todavía no ha entrado en esta Cámara».
El PSOE volvió a quedarse solo votando en contra, pero fue suficiente para evitar que la PL continuara su tramitación.
Un paso adelante
En la V Legislatura (1993-1996), se obró el milagro y una nueva iniciativa de IU logró el apoyo de todos los grupos. Fue aprobada con 290 votos a favor y solo una abstención de un diputado del PP. Del Pozo (PSOE) argumentó el cambio de postura de su partido alegando que ya había transcurrido mucho tiempo desde la aprobación de la Carta Magna que preveía el derecho. Además, señaló que como coautores del mandato constitucional les hacía «ilusión» contribuir a su desarrollo normativo, aunque mantuvo la tesis defendida en anteriores intentos de que no era una «materia urgente».
Sin embargo, la proposición caducó con la disolución de las Cortes en enero de 1996 y tras más de una veintena de ampliaciones del plazo de enmiendas.
Cambio en la bancada azul
1996 trajo un cambio de Gobierno y el aterrizaje de José María Aznar en la Moncloa. Lo que no cambió fue IU registrando en el Congreso una iniciativa para regular el derecho al secreto profesional. El propio diputado encargado de su defensa, Manuel Alcaraz (IU), bromeó con la situación: «No debe ser para nadie una sorpresa ver subir a un Diputado del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para defenderla (…) es quizás la que más veces ha venido a debate en esta Cámara en las sucesivas legislaturas». Y recordó como un diputado había llegado a referirse a ella como una proposición «Guadiana».
A diferencia de la anterior vez, en la que la PL logró salir adelante prácticamente por unanimidad, esta ocasión IU se quedó solo. Más allá de sus propios votos, solo logró arrastrar al sí a tres diputados del Grupo Mixto y cuatro socialistas.
Tras seis intentos fallidos, se descolgaron de la causa grupos como Minoría Catalana o el PP, ahora en el Gobierno. Josep López de Lerma (CiU) aseguró que su formación se veía en la necesidad de abstenerse ante la ausencia de consenso que dificultaba que la iniciativa lograra esta vez ver la luz. Con cierta retórica, señaló que su partido en relación a esta materia se encontraba en «situación de reserva parlamentaria».
Por su parte, el PP que había votado a favor de todas las anteriores transitó hasta el «no». En esta ocasión Muñoz-Alonso, aludió a los infructuosos trabajos durante la anterior legislatura, donde la iniciativa de IU fue víctima de los continuos plazos de enmiendas y pasó a cuestionar la redacción de la propuesta.
«Tal y como estaba redactada en la proposición que había presentado su grupo parlamentario, no iba a ser una ley positiva para la finalidad de garantizar las libertades informativas que todos perseguíamos», afirmó. Cabe mencionar que la PL de 1996 y la de 1993 eran de idéntico contenido.
El PSOE se situó en la abstención alegando que consideraban esta regulación «innecesaria».
El Gobierno toma la palabra
Entre 1996 y 2022, no consta ningún intento legislativo por regular el derecho al secreto profesional en el Congreso. El tema regresó al debate público a partir de un proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Como resultado de la incorporación de una enmienda in voce que implicó la introducción de varios preceptos relativos a la protección del secreto profesional del periodismo, durante el proceso de elaboración del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se optó por desglosar la cuestión.
El proyecto relativo a la información sobre la corrupción salió adelante, pero el del secreto profesional acabó caducando.
Con la aprobación del anteproyecto hace unas semanas por el Consejo de Ministros, se abre de nuevo la puerta a la regulación de un derecho que acumula 40 años de fracasos. El texto del Ejecutivo de coalición está ahora a la espera de salir audiencia pública.
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