El mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) expira en diciembre y desde el órgano ya se ha dado el pistoletazo de salida al procedimiento legal para designar a sus sustitutos. Se trata de los nombres elegidos por el Senado en marzo de 2017, dentro de la duodécima renovación del Constitucional desde su puesta en marcha en 1980. Así, la semana pasada, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, remitía la semana pasada una carta al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en la que le solicita que inicie los trámites, como ha informado el diario ‘La Razón’.
Conde-Pumpido ha cumplido así con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 17.1 establece que el presidente de la corte de garantías debe dirigirse a la presidencia del órgano al que le toque hacer «las propuestas para la designación de los nuevos magistrados», «antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos». El órgano, en este es el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Sin embargo, la próxima elección de cuatro nombres por parte de la Cámara no alterará el equilibrio de mayorías que hay ahora en el TC, con siete miembros propuestos por el PSOE y cinco por los populares. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo se eligen los magistrados del Constitucional?
El Tribunal Constitucional lo componen 12 miembros y sus integrantes son nombrados a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como establece el artículo 159.1 de la Constitución Española (CE).
El mandato de cada uno de ellos dura nueve años improrrogables (salvo que se haya entrado en sustitución de alguien por un periodo inferior a tres años). No obstante, tanto la Carta Magna (art. 159.3) como la Ley Orgánica del TC (art. 16.3) obligan a que las renovaciones se hagan por tercios, con tandas de cuatro nombres cada tres años. Así, los cuatro magistrados cuyo mandato termina el 17 de diciembre son los que fueron designados por el Senado, que deberían haber iniciado su etapa en diciembre de 2016, pero que no lo hicieron hasta marzo del año siguiente por la demora de PP y PSOE para llegar a un acuerdo.
En el caso de los magistrados elegidos por nominación de las Cortes, es necesaria una mayoría de al menos tres quintos de sus miembros. Para el Senado, formado por 266 escaños, el umbral queda fijado en 160 votos. Los nombres a votar en el Pleno salen de las propuestas que eleven los parlamentos autonómicos (cada Cámara puede enviar hasta dos candidatos) dentro de un plazo que en los próximos meses deberá abrir el presidente del Senado.
¿Cuántos votos tiene cada partido en el Senado?
Actualmente, el Grupo Popular en el Senado lo componen 145 señorías (uno de los asientos está vacante a la espera de que el Parlamento de Cataluña elija a quien sustituirá a Lorena Roldán), por lo que necesita de al menos 15 parlamentarios más para poder sacar adelante los nombramientos de los nuevos magistrados del TC. Aun en el supuesto de que sus dos apoyos habituales en las votaciones, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), aunaran sus fuerzas con el PP, las tres formaciones sumarían 149 escaños. Para conseguir los 11 sufragios restantes el Partido Popular tiene las siguientes opciones:
- PSOE-PSC: 91 escaños.
- PNV: 5 escaños
- EH Bildu: 5 escaños.
- ERC: 4 escaños.
- Junts: 4 escaños.
- BNG, C. Canaria, Geroa Bai, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Agrupación Herreña Independiente (AHI) y uno de PSOE-Sumar: 1 escaños cada uno (8 en total).
Escenarios para pactar los magistrados a propuesta del Senado
Escenario 1: pacto con Vox, UPN, nacionalistas canarios e independentistas vascos o catalanes
Con los números anteriores, si el PP consiguiera para su causa a las tres formaciones canarias, que en no pocas ocasiones votan con el PP (CC, AHI y ASG, 152 escaños juntos a Vox y UPN), seguiría necesitando 8 votos, lo que incluiría obligatoriamente a formaciones nacionalistas e independentistas (PNV, EH Bildu, Junts, ERC o BNG) o a partidos que difícilmente se avendrán a pactar con los populares (las integradas en el Grupo de Izquierda Confederal), con las que a su vez es extremadamente complicado que Vox consensue nombramientos.
Escenario 2: pacto con el PSOE
Así las cosas, la única alternativa factible pasaría por los socialistas (236 escaños), que dados los equilibrios actuales en el Constitucional y en las Cortes, es prácticamente imposible que acepten un reparto de cuotas con el PP para los cuatro nombramientos del Senado que no sea de la mitad de ellos para cada uno. De esta forma, la proporción actual del TC de 7 a 5 por la que son mayoría los magistrados elegidos a propuesta del PSOE se mantendría intacta.
Sobre el papel, todavía cabría otro escenario de acuerdo entre PP-PSOE, uno en el que el Grupo Socialista en el Senado prestara sus apoyos a tres magistrados a propuesta del PP a cambio de que los populares hicieron lo propio con un nombre propuesto por los socialistas. Esta hipótesis, dejaría un empate a seis entre los dos bloques de sensibilidades ideológicas que componen el TC, de forma que la persona que ostente la presidencia tendría gran poder con su potestad para ejercer el voto de calidad a la de desempatar votaciones.
Escenario 3: desacuerdo y bloqueo
Más factible que el anterior, dados los precedentes y el clima de polarización institucional que domina la vida política desde hace un tiempo, es el escenario de una falta de entendimiento entre PP y PSOE, lo que daría al traste con prácticamente toda opción de proceder a la designación de los cuatro magistrados del Senado en tiempo y forma. De ser así, la Ley Orgánica del TC contempla que los magistrados a sustituir continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión sus sucesores (art. 17.2).
Se puede pensar que la situación anterior podría ser un incentivo a no pactar. Por el lado del PSOE, porque se extendería a la situación actual, favorable a sus intereses. Y por parte del PP, porque un eventual adelanto electoral podría darle la oportunidad de soñar con una mayoría absoluta más amplia en el Senado que en el mejor de los casos les permitiera nombrar cuatro integrantes del TC sin necesidad de consensuarlos con nadie más.
Sin embargo, los históricos de voto no juegan a favor de los populares: solo Felipe González (tras las elecciones de 1982) y Mariano Rajoy (en 2011), consiguieron una mayoría en el Senado por encima de los tres quintos, ambos en unas Cortes de lógica bipartidista.
Un incentivo para el PP en la búsqueda de acuerdos, aunque ello supusiera mantener el status quo del TC, es que entre quienes tienen que dejar la corte de garantías se encuentra su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, nombre denostado por la formación que preside Alberto Núñez Feijóo y al que acusan de ser demasiado próximo al Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, un bloqueo en la renovación desde el Senado implicaría extender el mandato de Conde-Pumpido.
Además, la vicepresidencia, que también debe renovarse una vez ejecutada la renovación, ahora mismo está ocupada por otro nombre propuesto por el PSOE, Inmaculada Montalbán Huertas, tras la elección de ambos cargos llevada a cabo hace tres años en la que la mayoría de magistrados a propuesta de los socialistas acabaron con la tradición por la que la presidencia se otorgaba a alguien del bloque mayoritario y la vicepresidencia al minoritario.