QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Inspección de Trabajo ha exigido la implementación de varias medidas en las postas sanitarias de las playas de Valencia, gestionadas por el Ayuntamiento y atendidas por la Cruz Roja. Entre las acciones solicitadas se incluyen la realización de una evaluación de riesgos y la instalación de dispensadores de agua refrigerada para los socorristas, todo esto dentro de un plazo de cinco días.
Esta acción surge tras una queja de la Confederación General del Trabajo (CGT) acerca de la ‘precariedad que resulta de la subcontratación del servicio que debería ofrecer la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Valencia’.
En un documento fechado el 25 de julio, la Inspección de Trabajo demanda la ejecución de un conjunto de medidas preventivas en seguridad laboral. Se destaca la ausencia de una evaluación formal de riesgos laborales en las postas, considerada fundamental para todas las iniciativas de prevención. Por ello, se solicita que se lleve a cabo el estudio y la planificación preventiva correspondiente en no más de un mes.
Además, se ha establecido un plazo de quince días para evaluar el estrés térmico y organizar las medidas preventivas necesarias, incluyendo un posible estudio de carga térmica que defina los descansos requeridos por los socorristas, con la consulta previa a sus representantes laborales. También se debe informar y educar sobre los riesgos del calor, los factores de riesgo, efectos y medidas de protección en un plazo de un mes.
Se enfatiza la necesidad de proveer a todas las postas de una fuente de agua refrigerada dentro de cinco días, ya que durante las inspecciones se observó que ‘todas las postas visitadas carecían de agua refrigerada; son los propios trabajadores/as los que se traen de casa en bolsas térmicas el agua y/o la enfrían en pequeños frigoríficos costeados por ellos’.
La CGT también ha resaltado ‘la responsabilidad de Cruz Roja, que ‘debe ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras’. ‘Es una vergüenza que no tengan ni convenio colectivo propio, después cuando ocurren fatalidades se echan las manos a la cabeza pero mientras tanto nuestra precariedad llena sus bolsillos’, concluyen.
