La caída del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral máxima marcó un punto de inflexión en el Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta y titular de la cartera, Yolanda Díaz, no renuncia a recuperar el que pretende que sea su gran legado político. Sin perspectivas de que se produzca en el corto plazo, Díaz ha optado por recomponerse acelerando otras iniciativas de su departamento que habían quedado en un segundo plano.
Menos de un día después de que prosperaran las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts en el Congreso contra la reducción de jornada, el ministerio se ponía manos a la obra con un real decreto para modificar el funcionamiento del registro de jornada laboral. Desde entonces, se han sucedido anuncios y movimientos sobre la reforma del despido, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En total, cuatro iniciativas que se suman a otras carpetas pendientes en el ministerio, como el Estatuto del Artista o el de las personas en formación, cuyo anteproyecto de ley se aprueba este martes en primera vuelta en el Consejo de Ministros.
Demócrata analiza la agenda normativa de Yolanda Díaz, con seis proyectos de ley y otros tantos reales decretos como objetivos para 2025. ¿Las perspectivas? La aritmética de la Cámara Baja, las diferencias ideológicas entre Junts y Podemos y la oposición de la patronal ponen muy cuesta arriba a Díaz sacar adelante sus principales normas. Aunque parte de los textos pueden ver la luz sin pasar por las Cortes al no tener rango de ley, sí es necesario el visto bueno en el Consejo de Ministros, donde la batalla contra el socio principal de la coalición del Gobierno, el PSOE, también está presente con el ministro de Economía como antagonista.
¿Qué iniciativas quería aprobar Trabajo en 2025?
Más allá de declaraciones y anuncios, la referencia sobre las intenciones de cada ministerio para el año en curso es el Plan Anual Normativo (PAN). El de 2025, aprobado a finales de abril, contempla doce normas para la cartera de Trabajo y Economía Social:
Leyes
- Reducción de la duración máxima de la jornada de trabajo.
- Estatuto del Becario (Estatuto de las personas en formación).
- Reforma del Estatuto de los Trabajadores, en materia de despido.
- De democracia en la empresa, para que los sindicatos estén representados en los consejos de administración.
- Regulación de la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes.
- Reforma del Estatuto de los Trabajadores, para trasponer la Directiva UE sobre salarios mínimos adecuados.
Todos los proyectos de ley anteriores, a excepción del relativo a la directiva UE sobre el SMI, ya se incluían en el PAN de 2024 e incluso en el de 2023, como es el caso del Estatuto del Becario.
Reales Decretos (RD)
- Subida del SMI para 2026.
- Regular la relación laboral especial de las personas dedicadas a actividades artísticas y las técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo.
- Desarrollo del régimen del contrato formativo, en sus dos modalidades de formación en alternancia y para la obtención de práctica profesional.
- La estrategia española de apoyo activo al empleo 2025-28 (ya aprobada).
- Modificar las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
De nuevo varios de estos RD son asignaturas pendientes de cursos anteriores, como el del amianto o el contrato formativo (desde 2024) o el de la regulación de la relación especial de las personas dedicadas a actividades artísticas, presente ya en el PAN 2022, de la legislatura pasada.
Además, a la hoja de ruta anterior, hay que sumar dos proyectos de ley en tramitación, el de Impulso de la economía social, a punto de cumplir un año en el Congreso, y el de transposición de la Directiva UE sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, sin avances en su tramitación desde marzo del año pasado. En los dos casos, no se ha constituido aún la ponencia que debe negociar y discutir las enmiendas a los textos.
Por el lado de los RD, aparte del registro del registro de jornada, no previsto en el PAN 2025, hay en marcha uno de fomento de las entidades financieras de la economía social y otro para reimpulsar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. La eventual modificación del permiso de trabajo por fallecimiento también se pretende vehicular mediante real decreto.
Un parlamento a la derecha y la presión de la patronal
Hay dos aspectos clave en el Congreso de los Diputados que sitúan la agenda legislativa del Ministerio de Trabajo casi en punto muerto. Por un lado, el hecho de que las fuerzas situadas en la mitad derecha del espectro ideológico son mayoría en la Cámara. Así, la suma de PP (137 escaños), Vox (33), Junts (7), PNV (5) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) alcanza los 183 diputados, siete por encima de la mayoría absoluta (176). Sobre esos números, a medida que una propuesta política se escore a la izquierda más riesgo hay de que se queden votos por el camino, en especial en leyes dentro de los ámbitos económico, fiscal o laboral.
Los agentes empresariales, abiertamente enfrentados a Díaz por su agenda política, tienen de esta forma varios resortes sobre los que actuar a la hora de intentar frenar aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo. Ya le ha sucedido al Gobierno en esta legislatura, a comienzos de este año, con el Real Decreto-ley (RDL) por el que se pretendía prorrogar el gravamen energético creado en 2022, decaído por la negativa a convalidarlo de PP, Vox, Junts y PNV. ¿Otro ejemplo? El malogrado proyecto de ley de reducción de jornada. Las organizaciones patronales CEOE o Foment del Treball ya han manifestado su rechazo a normas como el registro horario, la reforma del despido o las condiciones de la subida del SMI, entre otras.
La agenda de Junts y la ruptura con Podemos
Por su parte, la posición de Junts está siendo determinante para el Gobierno a la hora de decantar el resultado de las votaciones en la Cámara. Los de Carles Puigdemont han sido clave en otras derrotas importantes del Ejecutivo, como las del RDL ‘ómnibus’ con medidas sociales, energéticas y fiscales de enero o la del RDL «antiapagones», en julio, donde también se opusieron en las filas de Podemos. La ruptura de los independentistas catalanes del pacto con el PSOE de la semana pasada achica aún más el espacio para el entendimiento con el socio minoritario del Gobierno.
Los morados son otro agente que le juega en contra a Yolanda Díaz. A la fractura del grupo parlamentario Sumar de comienzo de legislatura y la animadversión a la propia vicepresidenta hay que sumarles el giro estratégico de los diputados liderados por Ione Belarra. El estallido de la presunta trama de corrupción con Santos Cerdán y José Luis Ábalos como supuestos líderes ha propiciado un alejamiento del Gobierno por parte de Podemos, quienes antes ya habían dejado algún recado a Díaz tumbándole el año pasado el RDL de reforma del subsidio de desempleo.
Por último, a todo lo anterior, hay que añadirle las posiciones antagónicas entre Junts y Podemos, que han quedado patentes en cuestiones como la reducción de jornada o la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley de Junts y el PSOE para la transferencia de ciertas competencias en materia de inmigración, una propuesta que los los de Belarra tildan directamente de «racista».
Iniciativas sin pasar por Congreso y Senado
En la mochila de Trabajo hay una serie de normas que lo tienen menos complicado, al menos en la parte formal, porque no necesitan negociaciones parlamentarias a varias bandas entre actores con posturas en ocasiones irreconciliables. Es el caso de aquellas regulaciones que pueden aprobarse mediante un Real Decreto en el Consejo de Ministros. En estos supuestos, las negociaciones son bilaterales con el PSOE, donde el principal escollo es la cartera de Economía, con el ministro Carlos Cuerpo.
Un nuevo registro de jornada de alcance incierto
La modificación del registro de jornada pretende recuperar algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de reducción de jornada. La propuesta del ministerio, expuesta en la audiencia pública finalizada hace un par de semanas, dice adiós al registro en papel, obliga a que las anotaciones se realicen a diario, que se indique qué horas son en remoto, cómo se recompensará cada hora extra o que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto e inmediato a los sistemas de registro
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, quieren que se recupere en este RD todo lo posible del decaído proyecto de reducción de jornada, incluido el régimen sancionador, aspecto este que no es posible abordar sin una iniciativa legislativa, con su correspondiente tramitación en las Cortes. La patronal, con CEOE a la cabeza, ya ha manifestado su rechazo frontal a los cambios planteados por Trabajo, tanto por el contenido como por la forma.
La elección del RD y no de un proyecto de ley como vía para llevar a cabo los cambios es vista con disgusto en la Confederación de Organizaciones Empresariales, que no considera adecuado el procedimiento dada la envergadura de los cambios y donde se preparan para impugnarlo en los tribunales, como avanzó hace unas semanas el presidente de la principal organización patronal catalana, Foment del Treball, el que fuera diputado y senador por CiU, Josep Sánchez Llibre.
No obstante, la reforma del registro de jornada que ambiciona Díaz aún tiene que pasar el filtro de Carlos Cuerpo y el Ministerio de Economía, que debe emitir emitir su parecer en un informe en las próximas semanas. También se encarga dictamen al Consejo de Estado, Ministerio de Transformación Digital y a la Agencia Española de Protección de Datos. Preguntados al respecto por Demócrata, desde el departamento de Cuerpo han declinado hacer cualquier valoración sobre el texto.
Blindaje de la subida del SMI
Pero si hay una bandera de Yolanda Díaz al frente de su cartera, y por ende del Gobierno de Pedro Sánchez, es la subida del SMI en estos años. El ministerio está ya inmerso en los trabajos que conducirán a un nuevo Real Decreto que eleve la retribución mínima legal a los asalariados de cara a 2026. Este es uno de los logros que ahora mismo parece seguro para Díaz en este curso.
En el último ejercicio, las discrepancias con el PSOE vinieron por parte de Hacienda y la tributación por IRPF de quienes perciben el SMI, una disputa que se resolvió en julio, con una enmienda en la Ley de reforma sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor, donde se incluyó una deducción en el Impuesto sobre la Renta. Aprobado con el único apoyo de la parte sindical dentro del diálogo social, CCOO y UGT piden que, además de cuidar los efectos fiscales para los perceptores del SMI, la subida no pueda ser absorbida por las empresas mediante reducciones en los complementos salariales que se pactan en las negociaciones de los convenios.
Desde Trabajo se ha accedido a esta última reivindicación, trasladada en el borrador remitido a por el departamento de la vicepresidenta segunda a los agentes sociales a primeros de octubre. A la espera de conocer el porcentaje de subida propuesto por el grupo de expertos del ministerio, desde CEOE también rechazan que en un RD quepan disposiciones respecto al blindaje de los complementos salariales. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afirmado que con la negociación del SMI en esos términos se está intentando «romper el Estatuto de los Trabajadores». La previsión es de que la subida de 2026, como en ejercicios anteriores, solo cuente con el beneplácito de las centrales sindicales.
Los artistas esperan desde hace cuatro años
Por su parte, en lo que a la regulación sobre el Estatuto del Artista respecta el deseo de Trabajo junto al Ministerio de Cultura es que parte de los cambios pendientes para desarrollar el Estatuto del artista puedan estar aprobados antes de final de año. En septiembre, terminaba el trámite de audiencia pública del RD por el que se quiere regular la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnica y auxiliares necesarias para su desarrollo.
Con una propuesta ya definida, queda pendiente el estudio de las alegaciones recibidas y de los informes preceptivos de los órganos consultivos, introducir desde los ministerios los cambios que estimen pertinentes y su aprobación definitiva para ir al BOE en Consejo de Ministros.
Sin noticias del amianto y los contratos formativos
Con proyectos ya definidos desde hace al menos dos años, los RD para el desarrollo el régimen del contrato formativo, así como el de modificación de las condiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores expuestos al amianto siguen en el cajón. Sus audiencias públicas se produjeron en diciembre y mayo de 2023, respectivamente, y no ha habido noticias recientes sobre ninguno de ellos. La iniciativa sobre el amianto volvió a exponerse a consulta pública previa en febrero del año pasado.
En el caso del desarrollo de las garantías laborales del régimen de contrato formativo, se quieren abordar las modalidades de formación en alternancia y el de obtención de práctica profesional. Su marco normativo va parejo al del popularmente conocido como Estatuto del Becario.
Buenas perspectivas para las entidades financieras de la economía social
Mejor horizonte temporal tienen el RD de Fomento y promoción de las entidades financieras de la economía y social y de las finanzas éticas. Si a primeros de octubre se sacaba a consulta pública previa el proyecto de decreto, la semana pasada se estaba cerrando la fase de audiencia pública de la norma concreta propuesta por Trabajo. Aunque no estaría lista para 2025, desde el departamento de Díaz, cuentan con que pueda quedar aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE para comienzos del año que viene, según trasladan en respuesta a Demócrata.
Tramitada de urgencia, su objetivo es dotar de un marco jurídico al sector y acompañarlo de medidas que fomenten y promocionen el uso de los servicios de cooperativas de crédito, de servicios financieros o de aquellas que cuenten con secciones de crédito, así como fundaciones que desarrollen actividades financieras desde la economía social o de asociaciones que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riegos de exclusión financiera.
Durante el periodo de alegaciones de la consulta pública previa, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la asociación Española de Banca (AEB) solicitaron que que la delimitación del ámbito de aplicación del RD fuera precisa, de modo que las entidades de crédito ajenas a la economía social no pudieran ver afectadas por la norma, petición recogida por Trabajo en el articulado del texto propuesto.
Las iniciativas que requieren tramitación parlamentaria
Un Estatuto del becario que se hace esperar
Como adelanta en portada Demócrata, el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido popularmente como Estatuto del Becario se mueve. Aunque se quería aprobar en septiembre, el beneplácito en el Consejo de Ministros al anteproyecto en primera vuelta llega hoy. Más de dos años después de firmar un acuerdo en la materia con los secretarios generales de CCOO y UGT y sometido a consulta pública previa en octubre del año pasado, Díaz aseguraba en mayo de este año de que el texto se encontraba «en el carril de entrada del Consejo de Ministros».
En otras ocasiones, estas demoras han sido un síntoma de desencuentros entre el PSOE y Sumar, de puntos de fricción sensibles entre los socios de Gobierno sobre aspectos de una norma. Cabe recordar aquí el proyecto de reducción de jornada, cuya remisión a Cortes se dilató durante meses, con acusaciones públicas por parte de Díaz, que llegó a cargar contra Cuerpo por sus trabas al proyecto: «Es casi de mala persona decir no a reducir la jornada media hora al día”.
En el caso del Estatuto del Becario, estas tensiones también han estado presentes, como reconoció la propia vicepresidenta en un acto celebrado en el ministerio a finales de mayo, con «discusiones» que aseguraba «se van a resolver».
Una vez aprobado el anteproyecto de ley, todavía quedará la exposición de la propuesta en audiencia pública, antes de llegar a las Cortes Generales, donde arrancará la tramitación parlamentaria de una norma que cuenta con no pocos detractores.
Patronales y universidades se han opuesto tradicionalmente a las regulaciones en materia de derechos laborales de estudiantes en prácticas o trabajadores en formación y así será de nuevo. El texto pretende ordenar el marco en el que desarrollan sus funciones estos empleados, incluyendo aspectos como la provisión de gastos generados por el desempeño de las prácticas o el derecho a vacaciones. Por su parte, PNV ya expresó en su día sus reticencias a un texto que no estaba pactado con ellos, ni con los rectores universitarios, ni con las CCAA.
Al margen de PP y Vox, también es previsible la negativa de Junts, muy receptivo a los planteamientos de Foment del Treball, que ya en 2023 pedía la retirada de la propuesta surgida del acuerdo entre Díaz y los dos sindicatos mayoritarios.
El viejo propósito de la indemnización por despido
Con los puentes con la patronal prácticamente rotos en el marco del diálogo social, desde Trabajo han reimpulsado este otoño la modificación de la regulación laboral por despido, un objetivo que data de la legislatura pasada y que ha abierto otro frente con los empresarios.
Díaz convocaba para el mes de octubre «la primera mesa de diálogo social en la historia de la democracia para reformar el despido». Y el ánimo de la norma no deja lugar a dudas sobre su espíritu: «Por primera vez en positivo a favor de los trabajadores y trabajadoras en España», aseguró la ministra en su intervención durante unas jornadas de UGT a mediados de septiembre.
CEOE se ha descolgado de la mesa negociadora, como anunció su presidente, Garamendi, hace dos semanas en la asamblea de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
La norma que prepara el Gobierno habla de un «despido restaurativo» para el trabajador, con endurecimiento de las condiciones y afán de disuadir en la medida de lo posible a las empresas de que opten por esta figura de la regulación laboral. Aquí las reticencias se esperan, además de por la patronal, dentro del mismo Gobierno, con Economía como receptor de las presiones desde el ámbito empresarial. En cualquier caso, sin ni siquiera anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, su tramitación será larga.
Sin novedades sobre ley de Democracia en la Empresa
Otros de los proyectos de ley en cartera en Trabajo es el de Democracia en la empresa, por el que se aspira a otorgar mayor poder a la representación de los trabajadores en los órganos de dirección de las compañías. Sin propuesta formal desde el ministerio, Díaz hizo público en febrero el encargo a un grupo de trabajo, constituido por trece personas, de un informe de propuestas sobre esta materia, con el pasado septiembre como fecha de entrega del documento.
Sobre los resultados de los trabajos, la vicepresidenta aseveró que «van a ver la luz y vamos a respetar lo que diga esta comisión, nos guste o no nos guste, y lo vamos a materializar en una futura Ley de Democracia en la Empresa». Pasada la fecha, no han trascendido novedades al respecto. Fuentes de la Secretaría de Estado de Trabajo informan en respuesta a este medio que la propuesta se «presentará pronto».
La protección de denunciantes, en fase embrionaria
El último anteproyecto de ley anunciado por Trabajo es el de reforma del Estatuto de los Trabajadores, para proteger frente al despido a las personas denunciantes de corrupción. Sin propuesta formal y con la consulta pública previa concluida la semana pasada, se pretende que cualquier decisión que pueda tomar la empresa como represalia a trabajadores que trasladen o revelen información, según lo previsto en la Ley reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas, sea nula, «con todos los efectos inherentes a dicha declaración».
De esta forma se quiere cubrir un vacío que el ministerio considera que existe en la normativa vigente, de forma que en caso de que un juez declara como improcedente el despido de un denunciante de prácticas irregulares o corruptas no quepa optar por el abono de la indemnización por despido y sea siempre obligatoria la restitución del trabajador en su puesto.