El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado, tras conocerse que el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que los herederos de Francisco Franco tendrán derecho a una compensación económica cuando lo entreguen, que “si hay una consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla”, al margen de que “guste o no” que la Justicia determine que deba existir.
Rueda se ha pronunciado en la misma jornada en la que se ha difundido que el TS confirma que el Pazo de Meirás forma parte del patrimonio estatal al entender que desde 1938 estuvo afecto al servicio de la Jefatura del Estado, rechazando los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
Según ha informado la Sala de lo Civil del TS en una sentencia recogida por Europa Press, el tribunal considera —por unanimidad— que los ocupantes del inmueble no pudieron ostentar la posesión en concepto de propietarios, al menos hasta la década de los 90, momento en el que dejó de prestarse cualquier tipo de servicio por parte de la Administración.
En consecuencia, continúa el Supremo, no se ha cumplido el plazo legal de 30 años necesario para adquirir la titularidad por usucapión. Además, el TS entiende que no se dan las condiciones para apreciar una desafectación tácita que despojase al pazo de su condición de bien de dominio público.
Del mismo modo, el Alto Tribunal recuerda que en la demanda se señaló de forma expresa que la familia Franco era poseedora de buena fe del Pazo, por lo que debía ser indemnizada en el momento de la devolución del inmueble.
En este sentido, la Sala sostiene que, si en la demanda se mantuvo de forma “clara y expresa” esa posición, no puede variarse después para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, dado que los demandados respondieron a la demanda confiando en esas afirmaciones y un cambio posterior de criterio por parte de los demandantes les generaría una situación de indefensión contraria a la Constitución.
Preguntado por el contenido de la resolución y el alcance de la posible compensación, Rueda ha evitado profundizar en su análisis porque aún no había tenido acceso al texto íntegro —se encontraba en un acto en Santiago cuando trascendió la noticia—, aunque ha valorado positivamente que la Justicia sea “clara” y ha insistido en que corresponderá actuar conforme a lo que se establezca. “Y si hay calguna consecuencia indemnizatoria, pues habrá que acatarla nos guste o no”, ha concluido.
PETICIÓN AL GOBIERNO
Fuentes de la Consellería de Cultura consultadas por Europa Press han reiterado que la Xunta “respeta” la sentencia y se felicita de que el Pazo de Meirás vaya a seguir integrado en el patrimonio público.
No obstante, subrayan que, una vez finalizado el proceso judicial, esperan que el Gobierno central, “propietario del inmueble”, restablezca “cuanto antes” las visitas públicas, “siendo también esta Administración la que debe hacerse cargo de cualquier indemnización”.
ABRIR TODO EL PAZO
Por su parte, también en un acto público, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo y ha instado al Ejecutivo central a que “abra y permita” que la ciudadanía pueda recorrer el pazo en toda su extensión y no solo en una parte, como ha sucedido durante los últimos cinco años.
“Además, le pazo cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, tiene la obligación de abrir a la ciudadanía en el horario marcado por la ley”, ha recordado Lorenzo en un acto en la Cidade da Cultura.