El Gobierno quiere atajar la crisis de vivienda con un plan de choque centrado no sólo en movilizar nueva vivienda, sino también de la mano de la fiscalidad.
El presidente del Gobierno avanzó este lunes en un foro organizado por el Ministerio de Vivienda en Madrid una batería de medidas fiscales dirigidas a incentivar el alquiler a precio asequible, conforme al índice de precios, y castigar otros usos diferentes al alquiler residencial, como el de los pisos turísticos.
Para incentivar una rebaja en los precios del alquiler, Sánchez avanzó que todas las rentas obtenidas por los propietarios derivadas de los arrendamientos estarán exentas en el IRPF siempre y cuando el precio del alquiler esté por debajo del índice de referencia que se deriva de la Ley de Vivienda.
La rebaja fiscal no estará condicionada a que la vivienda esté encuadrada en una zona declarada como tensionada y sometida a la regulación de precios –como así sucede hasta ahora con la Ley de Vivienda–, sino que podrán acogerse a ella cualquier propietario.
Sánchez anunció también otra reforma fiscal, esta para elevar la tributación de los pisos turísticos y equipararlos a cualquier otra actividad económica y un recargo del 100% del valor del inmueble para aquellas compras de vivienda por parte de personas extranjeras extracomunitarios no residentes, lo que duplicaría el precio de la vivienda.
Además de ello, comprometió un cambio en el régimen fiscal aplicado a las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) para que sólo puedan aplicarse estas ventajas en caso de que las viviendas estén dirigidas a alquiler asequible.
Quinto pilar del Estado del Bienestar
Los cambios tributarios forman parte de un paquete de medidas anunciadas por Sánchez para arrancar el año, en un foro organizado por el Ejecutivo bajo el título ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar’. En él se han dado cita durante toda la mañana representantes del sector inmobiliario, financiero y del tercer sector.
Han acompañado al presidente, además de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, las vicepresidentas de Hacienda, María Jesús Montero, y Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; Transportes, Óscar Puente; Seguridad Social, Elma Saiz; Transformación Digital, Óscar López; Igualdad, Ana Redondo; y Política Territorial, Víctor Ángel Torres. Casi una decena de ministros, ninguno de ellos de Sumar.
En su intervención, Sánchez ha advertido del desafío que supone el acceso a la vivienda, ante el riesgo de abrir un cisma en la sociedad entre “propietarios ricos e inquilinos pobres” y ha defendido las medidas emprendidas hasta ahora por su Gobierno, entre ellas la Ley de Vivienda y su regulación de precios –si bien, hasta ahora, apenas ha podido aplicarse en Cataluña por las resistencias de las comunidades gobernadas por el PP y también el PSOE–.
En todo caso, Sánchez reconoce que lo hecho hasta ahora “no es suficiente” –“La situación es crítica y exige más trabajo y medidas contundentes”—y avanzó nuevas medidas.
Suelo y viviendas ya transferidas
Además de las ya citadas modificaciones de carácter tributario –que deberán ser validadas por el Congreso al suponer cambios legales–, el plan del Gobierno contiene actuaciones por parte de la nueva empresa pública de vivienda.
Sánchez anunció que el Ejecutivo ha transferido en las últimas horas más de 3.300 viviendas y cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para aumentar la oferta de vivienda, fundamentalmente en régimen de alquiler asequible.
A este patrimonio se le unirá durante la primera mitad del año más de 30.000 viviendas de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’ que durante la crisis financiera concentró los activos inmobiliarios para sanear los balances de las entidades bancarias.
Alquiler garantizado y tanteo y retracto
La empresa, además, gozará del derecho de tanteo y retracto para que tener prioridad en la compra de viviendas y suelo –con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas—y promoverá un sistema de alquiler garantizado para los propietarios que decidan arrendar a precio asequible.
Este sistema, que asegurará al inquilino el cobro de la renta, se pondrá en marcha este mismo año y comenzará a aplicarse a propietarios que alquilen a personas menores de 35 años.
Rehabilitación y PERTE de la construcción
Finalmente, el presidente anunció también el impulso de un nuevo PERTE (proyecto estratégico encuadrado en el Plan de Recuperación con fondos europeos) para la modernización de la construcción industrializada y modular, con base en la provincia de Valencia.
En materia de rehabilitación, el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo programa dirigido a la adecuación de viviendas vacías para su puesta a disposición en el mercado del alquiler, a precio asequible, y durante un tiempo mínimo de cinco años.
Por último, Sánchez avanzó un fondo para que las administraciones autonómicas y locales refuercen sus equipos de inspección de vivienda turística ilegal y otros usos fraudulentos de vivienda y un endurecimiento de la regulación al respecto.











