El PSOE comienza a aterrizar dos de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez para atajar la crisis provocada por la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo. El presidente del Gobierno anunció que comparecería ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones, y lo hará el 9 de julio, aunque tanto socios como oposición exigían que fuera antes. Además, el Grupo Socialista ha registrado la comisión de investigación anunciada por Sánchez este lunes.
Fecha y lío
“Compareceré en la primera fecha disponible”, expuso Sánchez. Esto es, en la primera semana de julio, y más concretamente, el miércoles 9; puesto que el 24 y 25 de junio se celebra la Cumbre de la OTAN en La Haya. Sin embargo, tanto los socios habituales del Ejecutivo (a excepción de EH Bildu) como PP y Vox pretendían que lo hiciera este mismo jueves 19 de junio.
Como el orden del día ya estaba fijado, se requería unanimidad en la Junta de Portavoces para modificarlo y forzar a Sánchez que compareciera. Los socialistas y EH Bildu son los que se han opuesto a tan temprana comparecencia.
Concluida la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha pedido la palabra al comenzar el Pleno para apelar al artículo 68.1 del Reglamento, que permite alterar el orden del día a propuesta no solo del presidente de la Cámara, en este caso Francina Armengol, sino a solicitud de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados.
Cabe apuntar que el 68.1 se circunscribe a alterar el orden del día, no a incluir asuntos nuevos. Esto se regula en el 67.1 y se requiere urgencia y unanimidad.
Armengol no ha atendido los ruegos de Tellado y ha dado por concluido el asunto. Fuentes que integran la Junta de Portavoces admiten a Demócrata que no ven margen para seguir presionando y dan por hecho que la comparecencia será el 9 de julio.
La Comisión
El Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado la comisión de investigación sobre las contrataciones públicas y demás aspectos relacionados con la Operación Delorme y el Informe de la UCO, cuyos detalles han ido trascendiendo en los últimos días.
El objeto sería esclarecer los hecho y responsabilidades de las contrataciones públicas y valorar medidas para prevenir y evitar que hechos semejantes puedan repetirse.
Los socialistas proponen una duración de seis meses desde su constitución, que puede ser prorrogado por el Pleno del Congreso.