Pese a formar su tercer Gobierno hace ya más de un mes, la salida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha impedido a Pedro Sánchez cerrar todas las carteras del Consejo de Ministros. Hasta hoy.
El sustituto de Calviño al frente de la política económica del Gobierno será el hasta ahora secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, que asumirá la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El Ministerio, sin embargo, pierde el rango de vicepresidencia. María Jesús Montero, que en noviembre fue nombrada vicepresidenta cuarta, será la nueva vicepresidenta primera, por delante de Yolanda Díaz y Teresa Ribera.
Para completar los cambios, las competencias en Función Pública, que hasta ahora estaban en el Ministerio de Hacienda, serán asumidas por la cartera de Transformación Digital, que dirige José Luis Escrivá.
Una carrera dentro de las instituciones
En su intervención para anunciar los cambios este viernes en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se ha referido a Cuerpo como “un economista de enorme prestigio, tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y organismos financieros multilaterales”, “europeísta convencido” y “profundo conocedor de la Administración pública”.
Cuerpo llega al Consejo de Ministros tras más de dos años como secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, cargo al que accedió desde la dirección general de Análisis Macroeconómico del ministerio. Esta es su segunda etapa en Economía, por donde pasó como analista económico entre 2008 y 2014, bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Entre ambas periodos, Cuerpo trabajó para la Comisión Europea como experto nacional, ejerciendo responsabilidades en el Procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, y en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dirigida entonces por el que hoy será su colega en el Consejo de Ministros, José Luis Escrivá. Allí llegó a dirigir la División de Análisis Económico, hasta desembarcar en el Ministerio de Asuntos Económicos, en febrero de 2020.
Al igual que su predecesora Nadia Calviño, el nuevo titular de Economía pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Sánchez ha definido a su nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa como “un profesional honesto, sin más servidumbre que el servicio público y sin otra agenda que ser útil a su país”.
El ascenso de Montero, nueva ‘mano derecha’ de Sánchez
La reordenación en el área económica eleva la ya consolidada figura de María Jesús Montero dentro del Ejecutivo. La titular de Hacienda no presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que dirigirá Cuerpo, pero sí presidirá el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez.
Ha sido figura clave en todos los gobiernos de Sánchez, al que acompaña al frente del Ministerio de Hacienda desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, en 2018, y ha encabezado las negociaciones del PSOE, tanto para los programas de Gobierno con sus socios como para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023.
Sus grandes retos al frente del Ministerio están marcados desde que asumiera el puesto hace ya más de cinco años: la esperada reforma fiscal y la aún más compleja reforma del sistema de financiación autonómica y local.
Modernización de la Administración, nuevo reto para Escrivá
En su ascenso a vicepresidenta primera, Montero se deja las competencias de Función Pública, que asume Escrivá. Tras protagonizar durante la pasada legislatura la reforma del sistema público de pensiones y el sistema de cotización para autónomos, el expresidente de la AIReF se encargará de la gestión de la Administración, tras recoger del Ministerio de Economía las de Transformación Digital, para formar un nuevo Ministerio.
El relevo se produce después de que la titular de Hacienda haya dejado aprobada, vía decreto-ley, la nueva Ley de Función Pública, un proyecto inconcluso de la legislatura anterior.
Sin embargo, sobre Escrivá recaen muchos de los desafíos que tiene comprometidos el Gobierno de coalición para la modernización del funcionamiento de la Administración, su digitalización y su relación con las empresas y la ciudadanía. Entre ellos, el tiempo máximo de 30 días para recibir las prestaciones sociales más importantes y el nuevo modelo de atención presencial sin cita previa obligatoria.