La Junta de Andalucía aspira a situarse “a la vanguardia” del debate nacional y europeo sobre el uso de los teléfonos móviles por parte de menores en contextos de acoso escolar. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, quien ha asegurado que “el presidente lo llevará a Europa”, en alusión a la intención de Juanma Moreno de trasladar la cuestión a las instituciones comunitarias.
La iniciativa surge tras el suicidio de la menor Sandra Peña en Sevilla que, según las investigaciones, sufría acoso en su entorno escolar. España ha insistido en que “no pueden seguir dándose estos casos ni pueden quedar impunes” y ha subrayado la necesidad de abrir un debate legislativo sobre el acoso digital.
Entre las medidas que la Junta estudia plantear figuran la prohibición temporal del uso del teléfono móvil a los menores implicados en casos de acoso o el bloqueo de líneas por parte de las operadoras, aunque la consejera ha matizado que cualquier avance requiere “la implicación del Gobierno de España” y un marco normativo común.
“Las leyes tienen que adaptarse a las situaciones actuales”, ha recalcado España, apelando a una actualización legislativa que contemple las nuevas formas de violencia en la red.
Investigación abierta en el caso de Sevilla
En relación con la posible retirada del concierto educativo al colegio sevillano en el que estudiaba Sandra Peña, España ha recordado que la Fiscalía mantiene abierta una investigación y que la Junta esperará a conocer sus conclusiones y las de la Inspección Educativa antes de tomar decisiones.
No obstante, la portavoz ha advertido de que, si se confirmara una “infracción muy grave”, la Junta “será muy contundente” y no descarta retirar el concierto educativo al centro.
Con este movimiento, Andalucía busca no solo endurecer la respuesta ante el acoso escolar digital, sino también promover un debate europeo sobre la protección de la infancia en un entorno tecnológico que —según la Junta— “avanza más rápido que la propia legislación”.