El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado este miércoles que el archivo acordado por la Fiscalía sobre la supuesta negligencia de altos cargos de la Junta por los fallos en el cribado del cáncer de mama supone una “bofetada jurídica sin precedentes” para el PSOE. El Ministerio Público sostiene que no aprecia indicios de esa posible negligencia en los hechos examinados.
“El archivo pone de manifiesto que no todo vale en política; no vale abusar de la justicia ni usar el sufrimiento para atacar el Gobierno, perseguirlo y hacer daño al sistema sanitario andaluz”, ha afirmado Sanz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha subrayado que con este último archivo ya son tres los procedimientos que se cierran vinculados a “con los asuntos que han liderado” la ofensiva del PSOE en el último año: el cribado de cáncer de mama, los contratos del SAS y la desaparición de pruebas diagnósticas.
El consejero ha acusado a los socialistas de hacer el “ridículo” con una estrategia que ha tildado de “desesperada”, destacando que “es la primera vez que se escucha como versión de un archivo” que la Fiscalía no ha acordado un “cierre procesal” de la investigación sobre los “errores de gestión denunciados” en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, sino que se ha limitado a “ordenar las actuaciones en esta fase inicial de análisis”, y a “reorganizar por provincias” la investigación”. “Esto es inaudito”, ha enfatizado Sanz.
En las diligencias de investigación preprocesales que lleva a cabo la Fiscalía de Andalucía, a partir de tres denuncias y de las declaraciones recogidas en los escritos de dieciséis mujeres afectadas, junto al informe y la documentación remitida por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto precisa que los hechos se vinculan a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama. En concreto, se alude a la ausencia de seguimiento en casos clasificados como no “concluyentes o “dudosos”, a la falta de comunicación de las pruebas efectuadas, a la ausencia de atención por parte de médicos de atención primaria, a la dificultad para identificar a las víctimas por carencia de datos personales, teléfono o correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario, así como a la prestación de asistencia en el sistema de salud privado.
La Fiscalía de Andalucía acuerda remitir estas diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, territorios donde fueron atendidas las dieciséis mujeres denunciantes, con el fin de que se continúe la práctica de las pruebas “en la forma que menos perjudique a las víctimas” y en el lugar más cercano a su entorno. Con este reparto territorial se pretende avanzar en el esclarecimiento de los hechos, determinar si pueden constituir delito e identificar, en su caso, a las personas responsables.
El escrito del Ministerio Público subraya que, en los episodios denunciados por las mujeres, “no existe un patrón” común que permita agruparlos para atribuir una responsabilidad que vaya más allá de los concretos profesionales intervinientes en cada proceso, que no son los mismos, por lo que “han de ser investigados de manera individual y separada”.
El decreto añade que algunas denuncias recogen “manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna” sobre las supuestas deficiencias del protocolo de cribado de cáncer de mama, y advierte de que una investigación más amplia o prospectiva chocaría con el derecho fundamental a la intimidad y con el derecho a que no se difundan datos especialmente sensibles de salud de aquellas mujeres que han optado libremente por no someter sus casos al escrutinio de la Fiscalía y limitar sus reclamaciones al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.