QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo 10 de enero de 2026, la red ciudadana Sare organizará en Bilbao su habitual concentración anual para pedir la eliminación de ‘la política penitenciaria de excepción’ aplicada a los reclusos de la antigua organización terrorista ETA. Bego Atxa y Joseba Azkarraga, portavoces de Sare, han presentado en Vitoria-Gasteiz los detalles de esta movilización que, bajo el lema ‘Ezin da gehiago luzatu-No se puede alargar más’, reclamará una política de reclusión ordinaria para estos prisioneros.
Sare ha enfatizado que la protección de los derechos de los presos de la extinta banda ‘debe ir acompañada del reconocimiento de los derechos y sentimientos de quienes sufrieron su violencia u otras violencias’. ‘Siempre hemos defendido que todas las personas afectadas por las diferentes violencias de aquellos años merecen el esfuerzo de la sociedad vasca en su reconocimiento y en la reparación de su dolor’, han declarado los voceros de Sare.
CÁRCELES DE EUSKADI Y NAVARRA ACOGEN A 123 PRESOS CONDENADOS POR DELITOS VINCULADOS CON ETA
La organización ha recordado que las prisiones de Euskadi y Navarra albergan a 123 reclusos condenados por delitos relacionados con ETA, además de otras tres personas en cárceles francesas. Sare ha criticado que 63 de estos reclusos aún se encuentran en segundo grado penitenciario, ‘a pesar que han cumplido la mitad de su condena, la parte que la ley exige para progresar al tercer grado’.
Adicionalmente, han señalado que 32 de estos prisioneros ‘tienen una gran parte de su condena cumplida y, sin embargo, no han tenido ni salidas programadas, ni permisos penitenciarios, aunque la normativa penitenciaria indica que, con el cumplimiento de una cuarta parte de la condena es posible acceder a estas medidas’. Sare ha expresado que es ‘difícil de comprender’ que la aplicación de criterios ‘arbitrarios y discrecionales’ pueda ser ‘la base de lo que se ha venido a denominar Modelo Penitenciario Vasco’. Esta red ha subrayado que ‘hay muchas razones para que el 10 de enero volvamos a exigir una política penitenciaria ordinaria sin excepciones’.
En relación con las ‘excepciones’, han denunciado las que ‘aún se mantienen en el ámbito político/legislativo, con leyes restrictivas de derechos que fueron aprobadas ‘ad hoc’ para estos presos y presas, en tiempos que nada tienen que ver con los actuales’. También han criticado que estas excepciones ‘no acaban de desaparecer en el ámbito judicial, donde subsisten algunas actitudes que se alejan del Derecho Penitenciario ordinario y mantienen criterios excepcionales, exigentes incluso más allá de la literalidad de la ley’. Finalmente, han destacado los ‘cambios positivos’ en la interpretación de esta legislación por parte de algunos fiscales y jueces, quienes han abandonado posiciones antiguas de bloqueo total.
