El Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta, ha avanzado en la consideración de una proposición de ley destinada a fortalecer el sector agroalimentario nacional, la cual propone entre sus principales medidas el establecimiento de un seguro de estabilización de ingresos para agricultores con desempeños económicos desfavorables y la aplicación del IVA mínimo permitido en energía y compras vinculadas a la actividad agrícola, ganadera y forestal.
La propuesta ha sido aprobada con el apoyo del PP y la Unión del Pueblo Navarro (UPN), y la abstención de la Agrupación Herreña Independiente, la Agrupación Socialista Gomera y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y otros grupos políticos se han posicionado en contra.
La ley contempla que el seguro de estabilización, parte del sistema de seguros agrarios combinados, se implemente mediante subvenciones anuales del Gobierno para los propietarios de explotaciones afectadas por crisis debido a altos costos de producción o precios de venta inferiores a estos costos.
Además, la ley introducirá ajustes en áreas como coberturas, tarificación y reaseguro del sistema para asegurar la viabilidad futura del sistema de seguros agrarios combinados, en especial ante el aumento de eventos extraordinarios y no controlables.
La normativa también promueve el desarrollo de proyectos para la absorción de dióxido de carbono y mecanismos de compensación de huella de carbono, y busca facilitar a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria la participación en el mercado de emisiones de carbono por las emisiones reducidas en sus explotaciones o instalaciones.
La propuesta del PP también incluye un sistema de alerta temprana para enfrentar imprevistos económicos, mejorando así la capacidad de respuesta de los agricultores y ganaderos, y promueve la mejora de la posición negociadora de los productores en el mercado agrario, mediante la implementación de lonjas de referencia, la integración en cooperativas y organizaciones de productores, el fomento de la venta directa y la reducción del desperdicio alimentario en las primeras etapas de la cadena de suministro.