«La interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones». Sobre ese literal ha debatido hoy el Pleno del Senado, durante la toma en consideración de una proposición ley del Partido Popular para modificar el Código Penal. Con esa oración, añadida al artículo 172.1 —el que define el tipo penal de coacción—, el Grupo Popular en el Senado plantea que, en caso de allanamiento o usurpación de inmuebles, se legitime al titular de los contratos de suministros de electricidad, agua o gas a dar de baja los servicios de una vivienda o bien okupado con el fin de forzar la salida de los okupas.
Al margen de los senadores del PP, la propuesta ha sido tomada en consideración con los apoyos de PNV, los tres parlamentarios de Vox, la de UPN (María Mar Caballero), el de Coalición Canaria (Pedro Sanginés) y el de la Agrupación Herreña Independiente (Javier Armas). Desde las filas de Junts se han mostrado «de acuerdo en el fondo» de la iniciativa, si bien han optado por la abstención al considerar que «desde el punto de vista de técnica legislativa, tiene graves carencias».
VOTACIÓN TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
🟢Sí: 153 votos (PP, Vox, PNV, UPN, C. Canaria y Agrupación Herreña Independiente).
🔴No: 104 (PSOE, Bildu, ERC, Geroa Bai, Más Madrid, BNG, Compromís, independiente de Ibiza-Formentera).
🟡Abstención: 5 (Junts y Agrupación Socialista Gomera ).
⚫ Ausentes: Emma Buj y Miguel Ángel Castellón (PP) y Gorka Elejabarrieta y Mario Zubiaga (EH Bildu).
El ‘Sí’ sin garantías de futuro del PNV
Precisamente la técnica legislativa ha sido una de las «cuatro lagunas» a las que ha aludido el portavoz del PNV en el debate, el senador por Vizcaya Igotz López Torre, durante su intervención en la que ha pedido cautela con el «mal uso» que se le podría dar a la facultad de interrumpir los suministros en caso de ocupación de un inmueble «de manera irregular». La redacción de la propuesta, la «forma de enfrentar la problemática» y la «política», por «dar soluciones placebo a la ciudadanía que no acaban de solucionar los problemas de verdad».
A juicio de los nacionalistas vascos, la determinación de si la ocupación de un bien inmueble se ha producido ilegalmente o no corresponde a jueces y magistrados, por cuanto sería consecuencia de la comisión de un delito (ya sea de usurpación o de allanamiento de morada) con lo cual «haría falta una resolución judicial». «Sin esa resolución no cabría aplicar la interrupción de suministros que proponen ilegalizar», ha espetado López a la bancada del PP. Y del mismo modo, ha continuado, «la facultad de ejecución de sentencia corresponde una vez más a jueces y magistrados y no al propietario de esa finca».
No obstante, desde el PNV han apoyado su tramitación con la esperanza de que el texto mejorar en unos hipotéticos trabajos en comisión. El resto de formaciones la han rechazado, tachándola de «manipulada», «alarmista», «incongruente» o «innecesaria».
Junts remite a su propuesta, «mucho más afinada»
En el turno de portavoces de Junts ha tomado la palabra el senador Joan Bagué Roura, que ha aprovechado para sacar a relucir la proposición de ley que su partido tiene en el Congreso en materia de okupación, «bastante más exhaustiva, bastante más detallada, bastante más afinada», por cuanto actúa también sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Real Decreto-ley que regula suspensión de los desahucios, para que se aplique solo a grandes tenedores.
En este sentido, Bagué ha concluido que lo que «debería hacer el Grupo Popular es introducir una enmienda» en su PL, en tramitación en el Congreso. La proposición superó la toma en consideración con los apoyos del PSOE (además de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria) y suma ya 22 ampliaciones del periodo de enmiendas. El atasco de esta ley es uno de los bloqueos denunciados por los de Carles Puigdemont a la hora de decidir su ruptura con el Gobierno y los partidos que lo forman.
Una proposición con origen en Cataluña
Para motivar su iniciativa, el PP esgrime un acuerdo de los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en marzo de este año decidieron unificar criterios y por la que se insta desde entonces a que «en caso de que el titular de una finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso), ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada, no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones», tal y como recoge el documento del acuerdo consultado por Demócrata.
Meses antes, en la misma línea que sus colegas barceloneses, los magistrados de las secciones Penales de la Audiencia Provincial de Girona acordaban, en noviembre de 2024, que «el titular de una finca ocupada no tiene la obligación de mantener el alta de los suministros de dicho inmueble». Y en consecuencia, que «el corte de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones», como figura en el acuerdo de unificación de criterios consultado por este medio, una redacción muy similar a la dada por el Partido Popular a su propuesta de reforma del Código Penal, registrada hace un mes en el Senado.
Una reforma a la que le saldrían los números
Una vez tomada en consideración en el pleno de esta semana de la Cámara Alta, la proposición de ley del PP parece condenada a correr la misma suerte que las otras 36 iniciativas legislativas remitidas desde el Senado al Congreso: quedar atrapadas en ampliaciones sucesivas del plazo para registrar enmiendas por decisión de la Mesa de Cámara Baja, donde el PSOE y Sumar gozan de mayoría absoluta.
En el supuesto de que la PL del Grupo Popular consiguiera avanzar en su tramitación hasta poder ser votada en el Congreso, la suma de los diputados populares, Vox, UPN y CC llegaría a 172 votos. Si Junts se mantuviera en la abstención, las fuerzas contrarias a la norma tendrían 166 votos o 171 si finalmente el PNV cambiara de opinión y optara por el ‘No’.