Al comenzar el año 2025, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y la Región de Murcia se encontraban en una situación de prórroga presupuestaria, a pesar de que, excepto Cataluña, todas habían aprobado su ley de presupuestos para 2024.
De acuerdo con la evaluación inicial del Informe de las Comunidades Autónomas 2024, al finalizar 2024, los gobiernos de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Murcia no habían presentado sus proyectos de ley presupuestaria al parlamento, aunque en 2025 se lograron aprobar en Illes Balears, Murcia y en la Comunitat Valenciana gracias a pactos entre PP y Vox.
El informe atribuye esta situación a las dificultades de los gobiernos autonómicos para alcanzar consensos con otras fuerzas políticas, especialmente después de que Vox decidiera abandonar todos los gobiernos regionales en julio de 2024 cuando el PP acordó el cupo de menores migrantes no acompañados con el Gobierno central.
Esta cuestión migratoria provocó que Vox ordenara cesar las negociaciones con el PP para la aprobación de los presupuestos en diversas autonomías a finales de 2024.
En Cataluña, la oposición de los Comuns al desarrollo del complejo turístico Hard Rock impidió que el PSC lograra aprobar los presupuestos de 2024 con el apoyo de ERC, dejando a la región en prórroga presupuestaria por tercer año seguido.
LOS EFECTOS DE LA PRÓRROGA SERÁN MÁS INTENSOS Y NEGATIVOS
El documento subraya que los impactos de la prórroga presupuestaria «resultarán más intensos y negativos», especialmente en términos de nuevas inversiones, aunque se realicen acciones específicas mediante modificaciones presupuestarias o nuevas estimaciones de gasto durante 2025.
«La previsión de obligaciones constitucionales, como es la de la presentación anual del presupuesto, choca con la imposibilidad de su ejecución forzosa, pero la inexistencia de esa posibilidad o de una sanción no hace desaparecer la obligación ni su incumplimiento», indica el informe.
El texto recuerda que la falta recurrente de presupuestos en el ámbito local llevó a la reforma del procedimiento de aprobación presupuestaria de las entidades locales en los años 90, vigente hasta hoy, que permite la aprobación del proyecto de presupuestos sin mayoría suficiente tras verificar que «no existe alternativa de gobierno viable».
Pero se descarta su aplicación en las regiones o en el Estado porque «chocaría con la alternativa de la facultad de disolución anticipada, es decir, de la potestad de los presidentes autonómicos de disolver las cortes y convocar elecciones, además de con la «propia tradición constitucional».
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, el informe observa una «progresiva aceptación resignada» de la realidad frente a las previsiones iniciales y una «cierta futilidad» de las negociaciones: «Su eficacia en al realidad del gasto y la inversión es muy inferior a la de la rentabilidad política de la publicidad sobre los acuerdos alcanzados», concluye.
ES IMPROBABLE LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Finalmente, el clima de tensión política entre el Gobierno central, la oposición y los ejecutivos regionales hace «muy improbable» la reforma del sistema de financiación autonómica, estancada desde hace más de nueve años.
«Cualquier prioridad en la gobernación se pospone a la lucha por alcanzar la mayoría en las siguientes elecciones generales y lleva a frustrar cualquier acuerdo que pueda presentarse como un éxito del contrario», critica el documento, destacando esta «dinámica absurda» que se extiende desde los órganos menores de colaboración hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes.