El próximo miércoles, el Congreso de los Diputados acogerá el debate de totalidad del Proyecto de Ley de la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se votarán las enmiendas a la totalidad de devolución –sin texto alternativo– del PP, Vox y Junts. Previsiblemente, saldrán adelante y, por tanto, la iniciativa decaerá. Tanto UGT como CCOO han solicitado la retirada de estas enmiendas y lo han calificado como un “fraude democrático”.
Además, han anunciado que, el mismo miércoles, habrá movilizaciones en todas las provincias de España, y también en Madrid en el momento en el que se esté produciendo la votación. Ambos han dejado claro que, aunque las enmiendas tumben el Proyecto, el debate va a seguir y la presión desde los sindicatos no se va a detener en toda la legislatura.
“PP, Junts y Vox están despreciando a sus votantes”
Pepe Álvarez (UGT) ha subrayado que lo que se vota no es si se reduce la jornada, sino si puede seguir el debate al respecto. Por ello, ha señalado que, según las últimas encuestas, más del 72% de los votantes de Junts están a favor de la reducción, y lo mismo sucede con más del 60% de los electores de Vox, entonces, “¿por qué no permiten que haya ese debate?”, se ha preguntado el sindicalista, que ha recordado que, más allá de colores políticos, “el 75% de los ciudadanos españoles y casi el 83% en Cataluña están a favor”.
Algo más lejos ha ido Unai Sordo (CCOO), que ha asegurado que, si el Proyecto de Ley cae, sería “un fraude democrático y un desprecio al diálogo social”. “Se estaría hurtando la posibilidad de debatir una medida que es transversal a todos los electores, y el PP, Vox y Junts estarían despreciando lo que piensan la mayoría de sus electores”, ha aseverado.
Todos los sectores pueden aplicarla
Para Sordo, que personas “que ganan 100.000 euros al año, que tienen varios pisos, chalets, acciones o un despacho que les ha puesto papá, vayan a votar en contra de reducir la jornada a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería o incrementar el salario hora de los vigilantes de seguridad, dice mucho del sesgo de clase que hay detrás de esta votación”.
Desde que se iniciaron las negociaciones, se ha repetido, entre los que no están a favor, el argumento de que hay sectores que no van a poder aplicar esta reducción. Álvarez ha señalado que no es cierto, puesto que “en hostelería, limpieza o comercio (que son las áreas habitualmente mencionadas) hay provincias y empresas de España que ya tienen convenios firmados con 37,5 horas. “No hay ninguna ley matemática ni económica que impida hacerlo en el resto del país”, ha puntualizado.
Para los sindicalistas, la reducción de jornada mejoraría la vida de 12 millones de personas. En algunos casos, los días de trabajo se reducirían en 15 al año y el salario/hora (habida cuenta de que la medida no afectaría a la retribución) aumentaría en un 7%.
Además, ha recalcado Álvarez, es una reforma que tiene “cara de mujer”, puesto que “la inmensa mayoría de las personas que verían reducida su jornada serían trabajadoras”, ya que son mayoritarias en los sectores más afectados.
Control horario
Asimismo, Sordo ha hecho mención a la importancia del control horario, recordando que en España “cada semana se hacen 2,6 millones de horas extras, es decir, no pagadas y no cotizadas”. Eso suma, ha añadido el secretario general de CCOO, unos 3.254 millones de euros al año, que podrían generar 170.000 empleos.
Por ello he resaltado que, tan importante como reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales es que haya “controles efectivos del tiempo de trabajo”.