QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo de aspirantes al Cuerpo General de la Policía Canaria, que inició el proceso selectivo el 9 de noviembre de 2023, ha solicitado la anulación del mismo, alegando que está «viciado». Esta petición ha sido presentada tanto a la Consejería canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, como a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.
Los opositores reclaman la «nulidad de todo» el proceso y proponen que se repitan las pruebas bajo la supervisión de un nuevo tribunal «imparcial», argumentando que el proceso «está viciado de nulidad» desde su inicio. En un comunicado, explican que esta petición obedece a una «vulneración flagrante» del deber de abstención por parte del presidente del tribunal, entre otras «graves irregularidades» que afectaron el anonimato y la cadena de custodia de los exámenes.
Destacan que el presidente del tribunal «incumplió el deber de abstención» y señalan que la «denuncia principal se centra en el presidente del Tribunal Calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández». De acuerdo con las bases del concurso (Resol. 9-nov-2023, Anexo I, Base 5.4), está prohibido que cualquier miembro del tribunal haya preparado a candidatos en los últimos cinco años. Sin embargo, el colectivo afirma tener pruebas de que Acosta Hernández «preparaba y daba clases personalmente en una academia» y que «editó y publicó con su nombre y apellidos un temario de preparación específico para el CGPC en el año 2020».
Además, los aspirantes denuncian un «caos procedimental» debido a la «falta de motivación a la ruptura del anonimato» y una serie de «graves deficiencias» que evidencian una «falta total de rigor y garantías» en el proceso. Mencionan que el tribunal rechazó alegaciones jurídicamente «sólidas» con un escrito genérico y sin justificaciones específicas, y señalan inconsistencias en las fechas de notificación de dichas alegaciones. También mencionan la aparición de códigos de examen «duplicados» y modificados manualmente, lo que compromete el anonimato de los aspirantes.
Por todas estas razones, han solicitado a la consejería que «declare la nulidad de pleno derecho de todas» las acciones del tribunal, ordene la «retroacción de todo» el proceso a su inicio y designe un nuevo Tribunal Calificador «imparcial que repita las pruebas con las necesarias garantías de legalidad, transparencia e imparcialidad».
