Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, ha hecho una petición formal a la jueza encargada de la investigación de la gestión de la dana, donde está siendo investigada, para que la Generalitat Valenciana proporcione un informe sobre las alertas rojas emitidas y los Cecopi que se convocaron a raíz de estas en la última década.
En un documento enviado el lunes a la magistrada, al que Europa Press tuvo acceso, la defensa de Pradas incluyó varios documentos para ser añadidos al expediente, entre ellos una nota de prensa de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana. Esta nota anuncia el inicio de la actualización del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana, que incorporará un nuevo procedimiento para la gestión de los avisos de emergencia al público, Es-Alert.
«Acredita de manera fehaciente –subraya– que, en el momento de los eventos investigados, el sistema Es-Alert aún no formaba parte oficial del Plan Territorial de Emergencias. Esta información es crucial para evaluar si la actuación de la Conselleria de Emergencias cumplía con la normativa y protocolos vigentes entonces, siendo su inclusión en el expediente fundamental para determinar si se respetaron los deberes de diligencia exigidos», explica el abogado de Pradas.
Asimismo, Pradas aportó una copia de los pliegos del contrato del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), destacando la importancia de verificar los requisitos técnicos y de personal especializado necesarios para la operación adecuada del sistema.
Finalmente, la defensa solicita al tribunal que exija al gobierno de la Generalitat Valenciana información específica sobre el número total de alertas rojas declaradas y las veces que se convocaron Cecopi tras estas alertas en los últimos diez años, proporcionando un «elemento de contraste» que consideran «muy relevante» para entender si la convocatoria del Cecopi el 29 de octubre de 2024 fue una anomalía o una práctica habitual.
En el mismo contexto, la representación legal de Liberum ha pedido que se modifique la condición procesal del presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar, Miguel Polo, a investigado y que se convoque a declarar a la presidenta de Aemet, María José Rallo del Olmo, como testigo, según un informe de la Guardia Civil que critica la falta de avisos adecuados durante el evento.