Movemento Sumar Galicia ha calificado de “indigno y repugnante” que la Xunta “utilice a las víctimas de violencia machista”, tras las recientes manifestaciones del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en las que advierte al Gobierno de que, si no se avanza en la renovación del convenio y en la mejora de la Policía adscrita, retirará funciones como la protección de estas mujeres.
En un comunicado remitido a los medios, la formación ha señalado que esta posición constituye “una irresponsabilidad gravísima” y ha alertado de que “convertir la protección de las víctimas en una moneda de chantaje es una forma intolerable de violencia institucional”. A su juicio, condicionar la seguridad de las mujeres a una negociación política supone traspasar todos los límites en materia de protección frente a la violencia machista.
El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha acusado a la Xunta de “fabricar conflictos para tapar su absoluta incompetencia”, recordando que ya recurrió a esta misma táctica “con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, alimentando discursos peligrosos en lugar de asumir sus obligaciones”. Según ha remarcado, la Administración autonómica recurre de nuevo a la confrontación para eludir su responsabilidad en la gestión de los servicios públicos.
En este escenario, Sumar Galicia ha reclamado una rectificación inmediata por parte del Gobierno gallego y que se garantice de forma “plena” la continuidad de los servicios de protección a las víctimas. “Utilizarlas como ha hecho Diego Calvo es indigno, repugnante e impropio de cualquier responsable público”, ha enfatizado Paulo Carlos López, incidiendo en que no se puede condicionar la atención a las mujeres a disputas institucionales.
El dirigente de Sumar ha reiterado que la seguridad de las mujeres “no se negocia, no se chantajea y no forma parte del juego partidista” y ha exigido a la Xunta que abandone “la confrontación” y “actúe de una vez con responsabilidad institucional”. A su entender, el Ejecutivo autonómico debe centrar sus esfuerzos en reforzar los recursos de protección y no en utilizarlos como elemento de presión en sus discrepancias con el Gobierno central.