Con la vista puesta en el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha anunciado una proposición de reforma de la Constitución para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La medida, avanzada por los de Yolanda Díaz hace hace un año, toma ahora forma de texto legislativo con su envío al resto de grupos con representación en el Congreso de los Diputados, en una primer acercamiento para explorar apoyos.
Desde Sumar consideran que a día de hoy España está aún «lejos de poder hablar de una verdadera garantía real del derecho al aborto«. Para argumentar la afirmación aseveran que existen «desplazamientos forzosos a otras provincias o comunidades para poder abortar, la objeción de conciencia tiene amparo legal y el acoso ante las clínicas continúa siendo una realidad», según enumera el documento de la proposición.
La propuesta modificaría el artículo 43 de la Constitución Española. Se incluiría un apartado cuarto por el que se «reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física».
El encaje del aborto quedaría fuera del bloque de derechos fundamentales, por lo que no requeriría de mayorías reforzadas de dos tercios en ambas Cámaras y de un disolución de las Cortes para su aprobación. El recorrido parlamentario de la iniciativa sería el mismo que se siguió cuando en esta Legislatura re reformó el Artículo 49.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha reconocido que esperan que «esta sea una propuesta compartida con el socio de Gobierno (PSOE)» pero, también con el resto de grupos parlamentarios», todavía sin un calendario cerrado encima de la mesa.
Antecedentes
Sumar utiliza como punto de partida distintos ejemplos del panorama internacional que ya han incluido este derecho en sus textos constitucionales. En esa línea, la proposición también hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Esta resolución pide consagrar el derecho como fundamental, y reclama la enmienda del artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para declarar que “toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.
Además, el texto alude a una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce «formalmente el derecho de autonomía de las mujeres, pero sin asumir que, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, no existe un verdadero conflicto de derechos o intereses; el único derecho que existe es el de la autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo, que se vincula nítidamente con los artículos 10 (dignidad), 15 (vida) y 43 (salud) de la Constitución Española».
Por ello, la formación expresa en la propuesta que esta resolución muestra «que los derechos a la dignidad, la vida o la salud reconocidos por la Constitución deben ser entendidos desde una perspectiva de género, de modo que su aplicación puede resultar diferenciada según sea un hombre o una mujer su beneficiario». Los socios de Gobierno del PSOE apuntan a que este derecho de las mujeres «no se puede dejar al albur de interpretaciones que, en ocasiones, están transversalizadas por opiniones que arrastran estereotipos sexuales históricos».