QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar ha propuesto a su socio de Gobierno la aprobación de un Real Decreto-ley de urgencia que permita intervenir el mercado de la vivienda ante lo que califica como una “emergencia habitacional”. La iniciativa busca garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria mediante un paquete de medidas de aplicación inmediata que incluyen la congelación de los contratos de alquiler, un nuevo marco sancionador para los arrendamientos de temporada y turísticos, así como reformas fiscales dirigidas a los grandes propietarios.
El Gobierno podría aprobar el conjunto de medidas sin pasar por el procedimiento parlamentario ordinario, aunque posteriormente debería ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. Según los datos del CIS de octubre, dados a conocer este lunes, la vivienda no sólo se mantiene como el tema que más preocupa a los españoles sino que aumenta esa preocupación de manera significativa
Según la formación de Yolanda Díaz, el objetivo es “ofrecer un escudo real con efectos inmediatos a quienes dependen del alquiler”, reforzando la seguridad jurídica y la transparencia del mercado.
Congelación de alquileres y más protección para los inquilinos
Entre las principales medidas propuestas por Sumar destaca la congelación y moratoria de los contratos de alquiler, que se prorrogarían automáticamente tres años más, incluidos los vigentes. En las zonas declaradas como tensionadas, la extensión sería de hasta diez años.
La regulación de precios se aplicaría de forma general y transitoria hasta que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas. En los territorios sin esta declaración, los nuevos contratos o renovaciones deberán mantener el mismo precio que el anterior.
Además, los contratos de temporada y de habitaciones quedarían sometidos a un mayor control, extendiendo los derechos de los arrendatarios habituales y evitando que se utilicen estas fórmulas para eludir la legislación sobre vivienda habitual.
Nueva fiscalidad contra la especulación inmobiliaria
Sumar plantea también reformar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, imponiendo un tipo del 5% anual sobre el patrimonio inmobiliario de los propietarios con cuatro o más viviendas.
La formación propone eliminar la bonificación del 40% de las rentas de alquiler en el Impuesto de Sociedades, salvo que se trate de alquileres considerados asequibles según el índice oficial de referencia.
Asimismo, las nuevas adquisiciones destinadas al alquiler deberán mantener precios dentro de los límites del índice de referencia, una medida que, según Sumar, busca “eliminar los incentivos a la compra de vivienda con fines especulativos”.
Más control y gravámenes a los pisos turísticos
El paquete incluye también un nuevo marco regulatorio para el alquiler turístico. Los contratos de 30 días o menos pasarían a considerarse alquileres turísticos y deberían contar con licencia. Además, estas viviendas tributarían al 21% de IVA, alineando la normativa española con la tendencia europea.
También se elevaría a rango de ley la obligación de registro de viviendas turísticas y de temporada, así como el régimen sancionador contemplado en el Real Decreto 1312/2024, que creó la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
Un problema estructural que golpea a los inquilinos
Según el Banco de España, casi el 40% de los hogares que viven de alquiler en España destinan más del 40% de su renta a la vivienda, el doble que en Francia. Además, dos de cada cinco inquilinos en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, según la red EAPN.
El precio medio de la vivienda ha subido un 40% desde 2014, mientras que el alquiler turístico representa ya el 10% del mercado, concentrado en los centros urbanos y zonas costeras, donde los precios crecen con mayor intensidad.
Inversión pública y nuevo impulso presupuestario
El plan propuesto por Sumar se completa con un aumento de la inversión pública destinada a la construcción y compra de vivienda para alquiler social, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible y ampliar el parque público. Estas partidas se incorporarían a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
La formación insiste en que “es obligación del Gobierno responder a esta emergencia habitacional” con todas las herramientas a su alcance, combinando la regulación inmediata vía decreto con el impulso a la tramitación de la ley sobre alquileres temporales y de habitaciones actualmente en el Congreso.
