El diputado de IU del Grupo Sumar, Enrique Santiago, ha anunciado el registro de una Proposición de Ley para la formalización de un protocolo de inspección de buques con origen o destino a Estados sobre los que recaigan medidas judiciales, indicios o sospechas de genocidio o crímenes de guerra.
La medida llega tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto para el embargo de armas a Israel. Una norma que pivota sobre tres ejes: la prohibición de la compra y venta de materiales de defensa; la restricción a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino; y la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar.
La iniciativa de Sumar va orientada a complementar este último eje, mediante el establecimiento de un protocolo de inspección para los buques con origen o destino sobre los que recaiga indicios de genocidio, así como la retención y la puesta en disposición de las autoridades judiciales de dichos elementos.
Si bien, el requisamiento de estas mercancías ya está previsto en la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, Santiago ha apelado a la necesidad de formalizar unas normas de actuación. Según ha trasladado el diputado, sindicatos estibadores y autoridades portuarias les han transmitido la necesidad de este ajuste regulatorio.
Como Santiago ha recordado, siguiendo el mandato de la Corte Internacional de Justicia, todos los países tienen la obligación de actuar para prevenir el genocidio. En este sentido, Sumar entiende que con estas acciones de inspección y retención, se está evitando que cualquier tipo de material pueda acabar siendo empleado para usos militares.
El diputado de IU ha señalado que no es una norma ad hoc para la causa palestina, pero que evidentemente habrá de aplicarse de manera inmediata a Israel, después de que hace ya más de un año que la CIJ señalará que había indicios para investigar la comisión por Israel de un delito de genocidio.
De salir adelante, se ampliarían las competencias de los cuerpos de inspección y certificación de buques civiles. Cabe señalar que estas operaciones responden al mandato del Ministerio de Transportes, siempre que haya sospechas fundadas de que se vaya a producir un tránsito con material susceptible de su uso en crímenes de guerra.
Cambios para el Real Decreto-ley
Más allá de celebrar que el Real Decreto-ley sea ya una realidad, Santiago ha reiterado el deseo de su grupo parlamentario de tramitar la norma como proyecto de ley para poder «mejorarlo». Una petición que Sumar ya ha manifestado en diversas ocasiones.
Santiago ha aludido, en concreto, a la disposición primera del texto aprobado por el Gobierno sobre la defensa de los intereses generales. La cual prevé «excepcionalmente» la autorización de transferencias de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso, cuando mantener la suspensión suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales
El socio minoritario de la coalición teme que se use como salvaguarda para, en la práctica, dejar sin efectos el embargo. Santiago ha afirmado que en la elaboración del Real Decreto-ley, Sumar ya expresó sus reticencias, pero no fue posible llegar a un acuerdo con la parte socialista del Ejecutivo.
Aunque el diputado ha reconocido que es «razonable» que existan excepcione, no puede ser «una norma blanca, hay que precisarlas».