QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha reclamado que se paralicen de forma temporal todos los expedientes vinculados a proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia ante cualquier administración. Esta petición llega tras el registro efectuado este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las oficinas de la compañía en Madrid y Zaragoza, y el llevado a cabo este viernes en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En una comparecencia ante los medios, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, integrantes del grupo de Energía y Medio Ambiente, han manifestado la confianza de Teruel Existe en la Justicia, reiterando su denuncia de que «la especulación con proyectos de gran impacto sin generar empleo que están sufriendo los pueblos de Aragón es descomunal» y subrayando que llevan más de cuatro años alertando de irregularidades y posibles delitos ambientales vinculados a la «desastrosa» implantación de renovables en Aragón.
Han recordado que uno de los proyectos de Forestalia ya aprobados, el Clúster Maestrazgo, el mayor complejo eólico de España, está concebido para evacuar la energía producida hacia la costa mediterránea. Esta iniciativa tuvo que recibir el visto bueno final del Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, «pisoteando un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y el informe claramente desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón en el que entre otras cosas dice que: la ubicación seleccionada no es adecuada debido a su alta sensibilidad ambiental», han señalado.
Informes modificados y tramitación polémica
Para Teruel Existe, este proceso resulta «tremendamente sospechoso» porque el dictamen remitido a Madrid salió «del puño y letra» del exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, después de cambiar «radicalmente» un informe anterior «muy crítico, que nunca aslió a la luz».
También consideran llamativo que «es inaudito que el Miteco emitiese una Declaración de Impacto Ambiental favorable teniendo 85 molinos en RED Natura 2000, 94 molinos en el área de sensibilidad ambiental máxima del mapa de zonificación de renovables del propio Miteco, donde no recomienda su instalación, además de omitir y minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosques».
Han rememorado igualmente que, durante el gobierno cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR, el Inaga emitió informes favorables y preceptivos para «cientos de instalaciones», entre ellas todas las grandes líneas de evacuación privadas que Forestalia trató de impulsar para enviar la energía generada en Aragón a otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, «cuando solo Red Eléctrica Española puede ejecutar este tipo de líneas».
Según han añadido, la mayor parte de esas líneas destinadas a trasladar la energía a otros territorios fueron finalmente rechazadas gracias a informes desfavorables de los Ejecutivos Vasco, Navarro, Catalán, Valenciano y de La Rioja.
Además, han subrayado que «la Autorización administrativa previa y de construcción del Clúster del Maestrazgo requirió del Acuerdo del Consejo de Ministros y en contra del informe desfavorable de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y de varios Ayuntamientos», algo que han definido como «un hecho inaudito que no ha pasado con ningún proyecto de renovables en todo el país» y como «una decisión puramente política» o «político-empresarial».
Rechazo ambiental unánime al Clúster Maestrazgo
Han incidido en que el Clúster Maestrazgo es «el único proyecto en España que ha generado un consenso total en todas las grandes organizaciones ambientalistas por la destrucción que va a sufrir uno de los lugares más vírgenes y de mayor valor ambiental y cultural de toda Europa».
Desde Teruel Existe han remarcado que el Clúster del Maestrazgo es de copropiedad de Forestalia y CIP, un fondo de inversión danés con el que han mantenido contactos en varias ocasiones, como ha recordado Enresto Romeo, y que «sigue empecinado» en ejecutar este «atropello» contra la provincia pese a las movilizaciones.
Por este motivo, han reiterado a CIP que «está gestionando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la atenta mirada de la justicia y bajo la sombra de la corrupción».
Romeo ha indicado que les satisface «sobremanera» que la justicia esté analizando estas «actuaciones presuntamente delictivas» y ha reclamado «que se llegue hasta el final, caiga quien caiga» en esta «supuesta trama político-empresarial».
Denuncias, alegaciones e irregularidades señaladas
El movimiento ciudadano ha enumerado otras irregularidades que, a su juicio, se han producido en estos desarrollos: fragmentación de proyectos, evaluación de impactos sin tener en cuenta los efectos acumulativos, imposición de informes ambientales contrarios al criterio de técnicos de la Administración, vulneración de la normativa ambiental y de otras leyes como la ley de montes, la ley de patrimonio natural, la ley de evaluación ambiental o la ley del sector eléctrico.
También han censurado «puertas giratorias de exaltos cargos de la Administración y la captura de políticas públicas en la redacción de leyes y decretos».
Villamón ha explicado que han registrado 330 alegaciones frente a macroparques eólicos y fotovoltaicos que, según sostienen, se tramitaron de forma irregular, además de más de un centenar de denuncias por presuntos delitos ambientales —58 ante el MITECO y 42 ante el Gobierno de Aragón— y más de 50 recursos de alzada contra distintos proyectos.
«Todos estos procedimientos administrativos y acciones judiciales han sido dirigidas en Aragón hacía el Inaga y la Dirección General de Energía y Minas, y en el caso del Gobierno Estatal al Miteco, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todas por la aprobación con irregularidades de Declaraciones de Impacto Ambiental o Autorizaciones administrativas de macroproyectos de energías renovables», ha aseverado.
Han precisado que muchas de estas denuncias siguen tramitándose y abiertas, con diligencias de investigación a cargo de los juzgados y de distintos cuerpos policiales, «incluida la UCO».
Villamón ha recalcado que «el cimiento de fundación de Teruel Existe ha sido la mejora de servicios, infraestructuras y desarrollo de nuestra provincia, por lo que es de risa escuchar a ciertos políticos que intentan desacreditarnos queriendo hacer ver que no apoyamos grandes proyectos de desarrollo».
Frente a estas críticas, han reiterado que nunca se han posicionado «a un solo proyecto que genere empleo y desarrollo en Teruel», pero han advertido de que continuarán denunciando «cualquier tipo de especulación que ponga en riesgo el presente y futuro» de la provincia.
