QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. El documento versa sobre cuatro mecanismos principales: la reforma de la acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político. Para prosperar la propuesta necesita superar el debate y la votación de su toma en consideración por el Pleno.
Mediante la regulación sobre los «mecanismos de acoso», la proposición busca «asegurar el ejercicio y la tutela de los derechos fundamentales de todas las partes y que los debates políticos que tienen las sociedades democráticas se puedan llevar a cabo al margen de cualquier intento de exclusión o intimidación».
Acusación popular
Con la norma, se prohibiría ejercer la acusación popular a partidos políticos o fundaciones vinculadas con ellos. El documento exige que para personarse como acusación popular, exista una relación concreta, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso judicial correspondiente. Deberán ser los jueces los que comprueben si tal vínculo es real y se denegará la perforación de no serlo.
La participación de la acusación popular se reservaría a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Se considera que la instrucción es una fase en la que quien debería tener protagonismo e iniciativa es el Ministerio Fiscal y los perjudicados del delito.
De esta forma, se acabaría con «la filtración constante de las diligencias» por parte de acusaciones con supuestos objetivos políticos y con «los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el propósito de dar un perfil mediático a un proceso judicial». En cualquier caso, la acusación popular sí que podría recurrir el auto de sobreseimiento de no estar conforme con la decisión.
Además, el uso de esta figura se restringiría a aquellos delitos «que merecen un especial reproche o que por su repercusión social resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal». Hablamos de infracciones que protegen intereses difusos o, por ejemplo, los delitos de corrupción política.
Admisión a trámite o no
La propuesta de los socialistas hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir procesos penales con recortes de prensa que carezcan de indicios de irregularidades.
De manera excepcional, se podrían admitir si reflejan hechos no contrastados , pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espontáneo por la persona sospechosa en relación con el objetivo de investigación, o bien declaraciones que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso.
Sentimientos religiosos
De aprobarse el texto, se suprimirá el artículo 525 del Código Penal, que recoge el comúnmente conocido como el delito de las ofensas a los sentimientos religiosos. La Proposición apunta a que no se dictan apenas condenas relacionadas con este delito que, dice, es «empleado por organizaciones fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos muy costosos a nivel económico y personal».
Declaraciones políticas por parte de jueces
Para «asegurar la neutralidad, el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva», se propone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir una causa de abstención: cuando un magistrado haya realizado de forma pública manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, no podrá participar en un proceso en el que dichas personas u organizaciones formen parte.
La disposición transitoria apunta a que las modificaciones sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se aplicarán a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la Propuesta de Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento.
Junts ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo a la propuesta de los socialistas. Los catalanes consideran que la iniciativa es «insuficiente y limitada al no abordar el problema de fondo». Desde el partido acusan al PSOE de no haber actuado antes y de haber mirado a un lado.
