Con el fin de ganar tiempo en busca de un acuerdo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social decidió aplazar la primera votación de su proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana.
La votación de las enmiendas a la totalidad era uno de los puntos del ‘súper Pleno’ previsto para el próximo martes 22 de julio en el Congreso y a él llegaba sin los votos suficientes para continuar la tramitación del proyecto.
Además de PP y Vox, Junts registró enmienda a la totalidad, conformando una mayoría suficiente para derribar la iniciativa.
La decisión del departamento que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz llega, precisamente, después de una reunión de los equipos negociadores de Trabajo y Junts per Catalunya, que han pactado un comunicado para trasladar este aplazamiento.
En el comunicado, Trabajo recoge el interés de Junts en “proteger a las pymes, autónomos y trabajadores de Cataluña”.
“Para Junts, la ley no es posible sin consenso; debe ser una oportunidad para las pymes y que recoja todas las peticiones”, reza el comunicado emitido por el Ministerio, reconociendo que ello “requiere, en todo caso, de tiempo y seguir trabajando”.
Rechazo frontal desde el principio
La postura de Junts al respecto de la jornada laboral ha sido de rechazo frontal, desde un primer momento. Antes incluso de llegar el texto al Congreso anunciaron que presentarían enmienda a la totalidad, que finalmente registraron.
Su principal preocupación es el impacto de la reducción (de media hora al día) en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y las medidas que la acompañan, particularmente las referidas al control horario.
Junto a ellos, uno de los agentes más activos durante la tramitación de la norma ha sido la patronal Pimec, que ha mantenido encuentros en el Congreso con los grupos y el Ministerio para exigir cambios en forma de enmiendas.
Además de la flexibilización de las condiciones del control horario, piden un margen de adaptación por sectores y supeditar su aplicación a cuestiones como la productividad, el absentismo o la falta de trabajadores.
En una reciente entrevista con Demócrata, su presidente, Antoni Cañete, trasladó que la reforma podía ser una oportunidad, siempre y cuando tuviera en cuenta en su aplicación los problemas citados.
«El momento político no es el adecuado»
Desde el propio Ministerio de Trabajo reconocen que «el momento político no es el adecuado» y que el debate en torno al proyecto «tiene que estar centrado en la jornada y no en otros intereses mediáticos».
Además, entienden que sería «insensato» que, habiendo pedido Junts más tiempo para negociar, no conceder este margen atendiendo a un proyecto tan importante como la reducción de la jornada.
Cambio de criterio: iba a votarse “sí o sí”
La decisión de aplazar la votación supone un cambio de criterio respecto a lo trasladado desde el Ministerio de Trabajo y el Grupo Plurinacional Sumar en las últimas semanas.
La propia Yolanda Díaz comunicó que la reducción de jornada se sometería a su votación de totalidad antes de agosto, llegara o no con los apoyos suficientes.
¿Qué ha cambiado desde entonces? La decisión de acelerar la tramitación de la reducción de jornada se produjo la misma semana en la que estalló el ‘caso Cerdán’. Una presunta trama de amaño de contratos públicos que involucra a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que ha puesto en duda la continuidad del Ejecutivo en el último mes.
Superado el trámite de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez el pasado 9 de julio, y a expensas de que ninguna nueva revelación agrave la magnitud del caso, el Gobierno busca cerrar el curso político el próximo martes minimizando cualquier daño.
Sin ir más lejos, en el último mes ya ha aplazado la tramitación de otros proyectos, como el de Movilidad Sostenible o el de Servicios de Atención a la Clientela. Una derrota, y más en un proyecto del que el Ejecutivo ha hecho bandera esta legislatura, habría contribuido a aumentar la imagen de fragilidad sobre el Gobierno de coalición.
¿Y ahora qué?
El aplazamiento supone que el debate de enmiendas a la totalidad no estará incluida en el Pleno extraordinario previsto para el próximo martes 22 de julio, en el que se espera la votación de decretos-ley pendientes de convalidación o las enmiendas del Senado a iniciativas que están ya cerca de completar su tramitación.
No supone, en todo caso, la retirada del proyecto, como ha pasado esta legislatura con otros como la reforma de la Ley del Suelo o el proyecto referido a los derechos de autor. En ambos casos, el Gobierno optó por renunciar a su tramitación, cuando la votación de totalidad ya estaba agendada en el orden del día.
En este caso, al tratarse de un Pleno extraordinario y no estar ya agendado, se espera que la votación forme parte de los primeros plenos a celebrar en el siguiente período de sesiones, a partir de septiembre.