El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) considera “inaceptable” e “irresponsable” que se continúe atribuyendo culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.
El departamento remarca que la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la catástrofe deja constancia en sus autos “de forma reiterada, clara y contundente” de que la actuación de los organismos estatales fue “correcta y ajustada” a las competencias que tienen asignadas.
Fuentes del Miteco se han pronunciado así tras la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, donde el líder de los ‘populares’ ha admitido que ninguna administración estuvo “al nivel exigible” en relación con sus “responsabilidades” durante la gestión de la dana, pero ha señalado a la CHJ como la “máxima responsable” de lo ocurrido por su “falta de información adecuada y puntual” sobre la riada.
En lo que respecta a la Aemet, desde el Ministerio destacan que la magistrada instructora concluye que los avisos meteorológicos fueron “claras, reiteradas y emitidas” con “antelación suficiente”. Recuerdan que desde los días 26 y 27 de octubre ya se advertía de que el día 29 sería el más crítico del episodio. Añaden además que los avisos especiales acotaron el “momento álgido” del fenómeno y que las previsiones se ajustaron a las precipitaciones finalmente registradas.
Sobre la CHJ, el Miteco apunta que la jueza sostiene en sus resoluciones que la información hidrológica estuvo accesible tanto mediante el sistema SAIH como a través de los cauces habituales de comunicación. Subraya igualmente que la confederación no tiene la competencia de alertar directamente a la población ni de activar dispositivos de emergencia, tareas que corresponden a la administración autonómica, y que no puede achacársele que otras administraciones no consultaran los datos disponibles, no los interpretaran o no actuaran en consecuencia.
Competencias y vigilancia de cauces
En relación con la vigilancia de cauces, el Ministerio recuerda que los escritos remitidos por la Generalitat a la jueza de Catarroja “reconocen expresamente que la vigilancia de ríos, ramblas y barrancos durante episodios de fuertes lluvias es una competencia autonómica, que se ejerce, entre otros medios, a través de los agentes medioambientales, en el marco del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana”.
No obstante, inciden en que, pese a ese reconocimiento, en el procedimiento consta que el 29 de octubre “la propia Conselleria de Medio Ambiente dio instrucciones para que los agentes medioambientales que estaban de turno no realizaran su trabajo en el medio natural, indicándoles que se desplazaran a oficinas y quedaran a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”.
El plan autonómico de inundaciones detalla “además que en la vigilancia de caudales participan no solo las confederaciones hidrográficas, sino también los servicios de intervención desplegados en el territorio, como agentes medioambientales, bomberos, Guardia Civil y otros efectivos, lo que desmonta cualquier intento de atribuir esa responsabilidad de forma exclusiva a la CHJ”, según recalcan desde el Miteco.
Del mismo modo, el Ministerio señala que los autos judiciales contradicen la versión del presunto “apagón informativo” y califican de “completamente absurda” la “insistencia en atribuir responsabilidades a la CHJ, a la Aemet e incluso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé”.
Fuentes del departamento insisten en que mantener acusaciones que los órganos judiciales ya han descartado “no solo falta a la verdad, sino que debilita el sistema de prevención y gestión de emergencias”, y remarcan que los avisos “existieron, los datos estuvieron disponibles, los sistemas funcionaron y las competencias estaban perfectamente delimitadas”.