Este martes el Congreso abordará la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, impulsada por Junts y por el PSOE. La norma llega a la Cámara Baja en plena crisis migratoria, agravada por el reparto de los menores no acompañados, que ha tensionado las relaciones entre el Gobierno y las CCAA.
El traspaso de las competencias de inmigración es una reivindicación histórica de las fuerzas independentistas catalanas, y ahora es Junts, dentro de su particular disputa electoral con Aliança Catalana, quien enarbola la bandera. Previsiblemente, la proposición no saldrá adelante por la oposición de Podemos, que achaca a la iniciativa «intenciones abiertamente racista» y sumará sus votos a PP y Vox. Pero hace más de veinte años, en 2004, fue ERC quien plasmó en una iniciativa legislativa este anhelo.
Un reto del futuro
José Luis Rodríguez Zapatero llevaba apenas diez días en el cargo, la VIII Legislatura echaba a andar y el Grupo Republicano del Congreso inició su andadura parlamentaria registrando una proposición no de ley (PNL) sobre «transferencia a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de inmigración».
En la exposición de motivos, se aludía a la inmigración como «un extraordinario reto social para el Estado Español en los próximos años». Sin embargo, el foco estaba puesto en la magnitud del «reto» en aquellos territorios que concentraban e iban a concentrar la mayoría de población migrante y que no contaban con las competencias ni la financiación necesaria. En 2004, Cataluña recibía el 20% de la inmigración española.
ERC esgrimía la dificultad de atender un conflicto social que pudiera derivarse al no contar con los recursos económicos y la capacidad de decisión plena en la materia. Además, lo hacía aludiendo al cumplimiento del manifiesto «Acuerdo para un Gobierno Catalanista y de Izquierdas en la Generalitat de Catalunya», más conocido como el «Pacto del Tinell».
Del «tripartito» a San Jerónimo
Conviene recordar que para que Zapatero fuera investido presidente, hicieron falta los votos de ERC. Un acercamiento entre los socialistas y los republicanos en Madrid, al que precedió el acuerdo para un tripartito de izquierdas en Cataluña. La coalición de Gobierno del PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa puso a fin al monopolio de CiU al frente de la Generalitat. Su programa ejecutivo quedó plasmado en el «Pacto del Tinell» y en él se aludía al traspaso de competencias de inmigración.
En el punto 2.2 y bajo el título «Redefinició de l’àmbit competencial de la Generalitat», se apeló a hacer uso de la inactivada del Parlament ante las Cortes para reformar y revisar las leyes que «desbordan el establecimiento de principios o reglas fundamentales en materias de competencia autonómica». Aunque lo que se registró en el Congreso no era una iniciativa procedente de la cámara autonómica, el fin era el mismo, y fue registrada por uno de los partidos que componían el Ejecutivo catalán.
Estos antecedentes aparecen recogidos en la iniciativa registrada en el Congreso por ERC. En concreto, la PNL instaba al Gobierno por un lado, a impulsar la aplicación del artículo 150.1 y 150.2 de la Constitución para transferir a Cataluña todas las competencias en materia de inmigración, así como los recursos financieros para hacer frente a dichas competencias. Y por otro, a facilitar la transferencia de las mismas a «todas las Comunidades Autónomas —como la valenciana o la balear— que en un futuro puedan reclamar la transferencia competencial».
La PNL que había sido registrada en abril de 2004, acabó caducando en febrero de 2008 con la disolución de las Cortes, tras no haber sido incluida en el orden del día de ningún Pleno. Función que compete a la Junta de Portavoces.