La Cámara Baja celebrará este martes 22 de julio el Pleno escoba para cerrar la tramitación de distintas iniciativas antes del parón vacacional. Entre otros asuntos como la convalidación de Reales Decretos o la reforma de su Reglamento para regular las credenciales de prensa, se debatirán tres iniciativas que ya se discutieron y regresan después de sufrir modificaciones tras su paso por la Cámara Alta.
En la sesión plenaria se abordarán los cambios introducidos en tres propuestas por el Senado y que ahora deberán tramitarse en el Congreso. En concreto se tramitará el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y la reforma del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Como en cualquier modificación que haga el Senado, es la Cámara Baja quien debe pronunciarse y tiene la última palabra. Demócrata repasa cómo quedarán finalmente las normas tras su paso por el Pleno de la próxima semana.
Agencia Estatal de Salud Pública
El Senado reformó en su último pleno el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. El Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta e introdujo al texto que salió del Congreso de los Diputados hasta seis enmiendas. Tres de ellas podrían verse introducidas definitivamente en la norma.
Durante la tramitación, la Cámara Alta suprimió las alusiones a medicamentos veterinarios y se amplió la participación de las comunidades autónomas en procesos como la designación de la presidencia o la aplicación de excepciones al precio de referencia por aplicaciones de innovación incremental.
Si se mantienen las posiciones mostradas por los Grupos Parlamentarios en el Senado, durante el próximo Pleno del Congreso se aunarán los votos suficientes contra tres enmiendas introducidas por el PP. En concreto las que versan sobre veterinarios y la Ley de Competencia Desleal. Junts registró dos peticiones de vuelta al texto de la Cámara Baja para deshacer estas enmiendas.
Eso sí, podría perdurar una enmienda para que las excepciones al sistema de precios de referencia se decidan en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Así como otra que aboga por la necesidad de que el nombre propuesto para la dirección de la futura Agencia Estatal de Salud sea evaluado por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y por otro lado, fomentar la colaboración entre empresas del sector y administraciones. Nada ha manifestado Junts en rechazo de estos cambios, hasta el punto de abstenerse sobre los mismos.
Deducción del SMI
La reforma de aseguramientos, a través de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, regresará al Congreso tras su modificación en el Senado.
La Cámara Alta introdujo un cambio en las indemnizaciones previstas, particularmente en la pérdida de nonatos en accidentes de circulación. Esta era una corrección propuesta por el PSOE que no llegó a introducirse y que tampoco fue tramitada como corrección técnica.
El objetivo de la reforma es transponer una directiva comunitaria sobre aseguramiento y ampliar el alcance del seguro obligatorio a más vehículos, entre ellos los patinetes electrónicos. Junto con esto, se añadían unas reformas “intrusas” con la deducción en el IRPF para rentas equivalentes al SMI o la devolución de las cantidades indebidamente insatisfechas a los mutualistas.
Régimen Económico Fiscal de Canarias
Así y todo, en el último Pleno de la Cámara Alta también se dio luz verde a las enmiendas propuestas por la mayoría de los Grupos Parlamentarios para modificar el Régimen Económico Fiscal de Canarias. Lo que se busca es incentivar el alquiler de viviendas de uso habitual, regulando las inversiones en elementos patrimoniales afectos al arrendamiento.
El Senado aprobó modificaciones relacionadas con las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades. La propuesta de los socialistas y nacionalistas canarios hace referencia a que la vivienda debe estar efectivamente alquilada dentro del plazo de los seis meses posteriores a la fecha de su adquisición o de su puesta en condiciones de habitabilidad. El texto será aprobado definitivamente en sus términos por el Pleno del Congreso.