QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas ha sugerido al Gobierno que redacte una nueva normativa más severa para las subvenciones al transporte marítimo de los residentes de islas no peninsulares, sugiriendo que estas se restrinjan según el nivel de ingresos, la cantidad de viajes o basándose en una tarifa máxima que pueda ser subvencionada, entre otras recomendaciones.
Esta sugerencia proviene de un estudio realizado sobre las subvenciones y el apoyo al transporte marítimo durante el año 2023, financiado por los Presupuestos Generales del Estado.
Gracias a estas subvenciones, los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla obtienen un descuento del 75% en sus tickets de ferry entre la península y sus respectivos territorios, y viceversa. También se ofrecen subvenciones para los desplazamientos dentro de las mismas islas. El Gobierno cubre estos beneficios a través de contribuciones a operadores de rutas de interés público y otras subvenciones directas a las compañías de ferries que han firmado contratos de servicio público.
En 2023, la Dirección General de la Marina Mercante, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y es responsable de la administración y ejecución del programa, asignó 227 millones de euros para financiar 8,6 millones de viajes subvencionados.
El Tribunal de Cuentas señala que en el periodo fiscalizado no se establecieron criterios que limiten las subvenciones que cada beneficiario puede recibir, en términos del número de viajes, el costo de los pasajes, la categoría del alojamiento u otros factores como el nivel de ingresos.
Asimismo, no se reguló en detalle los conceptos incluidos en el precio del ticket que pueden ser subvencionados. Además, solo se requería la certificación de residencia mediante empadronamiento, sin establecer requisitos adicionales que aseguren la residencia habitual.
El Tribunal también resalta que los montos subvencionados presentan ‘grandes diferencias’ dependiendo de si corresponden a categorías de alojamiento superiores o más económicas, beneficiando a aquellos con mayor capacidad económica. Además, a pesar de que la normativa excluye la subvención de servicios extra al transporte, se ha observado que en las páginas de algunas compañías se menciona habitualmente que las tarifas más altas incluyen servicios de restauración o similares, que no se especifican en los tickets.
El Tribunal advierte también que los fondos presupuestarios son insuficientes para cubrir las subvenciones y el Gobierno debe recurrir a ampliaciones de crédito y reajustes de gastos.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda que se establezca un límite en las subvenciones o se excluyan en los tickets de transporte para alojamientos de categorías superiores o de lujo. También ha detectado un ‘control insuficiente’ en la aplicación de las tarifas máximas acordadas en los contratos con las navieras, lo que resultó en un ‘exceso en las bonificaciones pagadas como consecuencia de la aplicación incorrecta de las tarifas sujetas a contrato’. A raíz de esto, la Dirección General de Marina Mercante ha iniciado procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por los excesos en 331.074 embarques de 2023, por un total de 1,14 millones de euros, y ha comenzado una revisión de liquidaciones de ejercicios anteriores no prescritos para detectar cobros indebidos y proceder con su reclamación.
