La UCO entra en la sede del PSOE, ADIF y el Ministerio de Transportes en busca de los correos del Caso Koldo

La Guardia Civil se persona en Ferraz para clonar los correos electrónicos personales del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, que pudieran ser relevantes para la investigación de la presunta trama de corrupción

Un vigilante de seguridad frente a la sede del PSOE de la calle Ferraz, a 20 de junio de 2025, en Madrid (España). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para realizar un clonado del correo electrónico del hasta la semana pasada secretario de Organización, Santos Cerdán. Este registro se produce después de que el magistrado del Tribunal Supremo haya ordenado al PSOE que facilite a la policía judicial el acceso y clonado del correo corporativo del ex 'número tres' del PSOE. Diego Radamés / Europa Press 20 JUNIO 2025;SANTOS CERDAN;UCO;FERRAZ;PSOE;CORRUPCIÓN;CASO KOLDO 20/6/2025

Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a la sede de los socialistas, en la calle Ferraz de Madrid, para realizar un clonado del correo electrónico de Cerdán. Ocurría esto la misma mañana que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del conocido como ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha decidido imputar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

También se ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte correos del que fuera titular de esa cartera, José Luis Ábalos. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Puente solicita a los socialistas que se permita a los agentes «la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa» de Cerdán. De la misma forma, se ha solicitado que se entregue «cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse y haya sido empleada exclusivamente» por el exdiputado.

Finaliza el operativo

La Guardia Civil ha dado por concluido a mediodía el operativo relacionado con la investigación del caso Koldo, tras registrar distintas sedes. Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han abandonado alrededor de las 15:45 horas la Dirección General de Carreteras, último punto de la operación que también incluyó registros en la sede de Adif, en el Ministerio de Transportes y en la calle Ferraz, sede nacional del PSOE.

La actuación se ha producido por orden del juez puente. En concreto, el magistrado había solicitado a la Guardia Civil que accediera a los correos electrónicos corporativos de dos figuras clave: el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Además, se ha recabado documentación sobre once proyectos de obra que actualmente se encuentran bajo sospecha.

El despliegue de la UCO ha arrancado de manera simultánea en las distintas sedes. Sin embargo, ha sido la llegada de los agentes a Ferraz lo que primero ha transcendido públicamente, coincidiendo con la presencia de Cerdán en el Congreso de los Diputados, donde había acudido para formalizar los trámites tras su renuncia al escaño. Según ha declarado a laSexta, uno de esos trámites incluía la solicitud de una indemnización de unos 19.000 euros correspondiente a su etapa como diputado durante más de seis años.

Tras permanecer aproximadamente tres horas en la sede socialista, los agentes han abandonado Ferraz en torno a las 14:30 horas. Posteriormente, se han retirado de Adif y de la Dirección General de Carreteras, dando por cerrada una jornada clave en la investigación.Desde el Partido Popular, que actúa como acusación popular en este procedimiento judicial, se había solicitado al juez la autorización para registrar también la vivienda y los despachos de Cerdán en el Congreso y en la sede del PSOE. Sin embargo, el magistrado desestimó esta petición por considerarla «previsible».

Con el cierre del operativo de este viernes, el caso Koldo sigue avanzando en el Supremo mientras se van esclareciendo los posibles vínculos entre contratos públicos y responsabilidades políticas.

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