Al menos una de las familias de los siete jóvenes implicados en la tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, se ha personado ya en la causa penal abierta por estos hechos, al igual que lo ha hecho por el momento el Ayuntamiento, que figura como interesado en el procedimiento.
Mientras se comprueba si más allegados de las víctimas –seis fallecidos y una joven herida de gravedad– o más administraciones, entre ellas Costas, deciden incorporarse al proceso, esta Demarcación y el Consistorio están recopilando la documentación que les ha requerido la magistrada instructora, tarea en la que también está inmerso el 112.
En concreto, la responsable del Juzgado de Instrucción de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha solicitado al Servicio de Emergencias del Gobierno autonómico que informe si se registraron más avisos sobre el mal estado de la estructura que se desplomó tras el fallido proyecto de la senda –paralizado por la oposición vecinal– y, en caso afirmativo, que remita las grabaciones de esas llamadas.
“Como no podría ser de otra manera, desde el Servicio de Emergencias de Cantabria se está recopilando toda la información solicitada y se dará traslado a la autoridad judicial para el cumplimiento de sus requerimientos”, han indicado a Europa Press desde el 112.
El día previo al accidente, un residente en la zona alertó a Emergencias sobre la situación del puente y el riesgo que, a su juicio, suponía. Ese aviso fue derivado a la Policía Local, pero la agente que atendió la llamada no llegó a tramitar la incidencia.
Por este motivo, el Ayuntamiento, a partir del informe solicitado a la Jefatura de la Policía Local, ha acordado la apertura de un expediente disciplinario a dicha agente, si bien la tramitación de ese procedimiento se ha dejado en suspenso hasta que exista una resolución judicial firme sobre el caso.
Según ha podido conocer esta agencia a través de fuentes conocedoras de su situación, la policía local –citada como investigada para declarar ante la jueza el 27 de marzo– no se encuentra actualmente en su puesto, ya que estaría de baja laboral tras lo sucedido en El Bocal.
Plazos para entregar la documentación
Paralelamente, el Consistorio está “preparando” la documentación pedida por el juzgado sobre la senda costera, con el objetivo de remitirla “a la mayor brevedad”. Se trata de expedientes administrativos e informes técnicos relativos al proyecto de construcción y ejecución, así como a las labores de conservación y mantenimiento de los elementos de este paseo marítimo, que discurre desde el faro de Cabo Mayor hasta La Maruca. El Ayuntamiento dispone de plazo hasta el martes 17 de marzo para entregar todo el material.
De forma similar, Costas recibió el lunes 9 de marzo, mediante oficio dirigido a la Demarcación de Costas, la solicitud formal de esa misma información y está reuniendo “todo” lo requerido, con la previsión de presentarlo también dentro del periodo fijado por la jueza.
Estas actuaciones forman parte del primer bloque de diligencias acordadas por la magistrada instructora tras recibir, a mediodía del viernes, el “detallado y minucioso” atestado elaborado “en tiempo récord” por agentes de las brigadas provinciales de Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria.
Testigos citados y pasarela precintada
En una providencia, la jueza ha ordenado la citación de varias personas el próximo 27 de marzo, entre ellas la agente investigada y distintos testigos: los dos ciclistas que dieron la voz de alarma, el vecino que llamó al 112 la víspera del siniestro, la operadora del Servicio de Emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y los dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que practicaron la inspección ocular tras el desplome.
Respecto a la pasarela donde se produjo el accidente, la magistrada ha ordenado mantener el precinto y ha exigido la instalación de barreras físicas que impidan cualquier acceso. Además, ha requerido tanto a Costas como al Ayuntamiento que se abstengan de efectuar cualquier manipulación, traslado o modificación de la estructura.
Junto a ello, la jueza ha realizado el ofrecimiento de acciones a los familiares de los fallecidos y a la única superviviente, para que puedan personarse en la causa si así lo desean. Una de las familias ya ha ejercido este derecho y se ha incorporado formalmente al procedimiento.
El siniestro tuvo lugar el pasado 3 de marzo, a las 16.45 horas, cuando se recibió el aviso del colapso de la pasarela. Como consecuencia, murieron seis jóvenes de entre 19 y 22 años y una séptima chica resultó herida grave. Todos eran estudiantes del CIFP La Granja de Heras.