El grupo confederal de Unidas Podemos ha registrado una Proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección, una iniciativa cuyo antecedente es el Real Decreto de desarrollo de la ley 19/2022, que hace lo propio con la laguna del Mar Menor y su cuenca.
El diputado Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde, ha admitido en una rueda de prensa que, si bien la medida no protege per sé los espacios, sí que aporta herramientas a la ciudadanía e instituciones para defender la integridad del ecosistema.
La Proposición de ley, que no ha sido previamente consensuada con su socio de Gobierno, el Grupo Socialista, declara la personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección, de manera que se reconocería como sujeto de derechos con capacidad de obrar. La superficie afectada sería el total del Parque Nacional (54.252 hectáreas), y la zona periférica de protección del Parque Nacional, que consta de 74.278,95 ha e incluye tanto la zona periférica de protección como el territorio del parque natural colindante.
Derechos de protección y conversación
El articulado reconoce a Doñana y su entorno los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración a cargo de los gobiernos y entidades o personas colindantes. De igual forma, se asume su derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente a todos los niveles, tanto en lo relativo a las características del agua, a las comunidades de organismos, el suelo y subsistemas terrestres y acuáticos.
El derecho a la protección de Doñana implica limitar, detener y no autorizar todas aquellas actividades que supongan un riesgo para el ecosistema. Asimismo, el derecho a la conservación exige de acciones de preservación de especies, hábitats y la gestión de los espacios naturales asociados. Por último, el derecho a la restauración requiere de, una vez producido el daño, acciones que restablezcan la dinámica natural.
El derecho a la protección de Doñana implica limitar, detener y no autorizar todas aquellas actividades que supongan un riesgo para el ecosistema
Legitimidad para la defensa
La Proposición de ley avala a cualquier persona física o jurídica para la defensa de Doñana. Las acciones judiciales se presentarán en nombre del ecosistema como la verdadera parte interesada.
La persona que iniciara la acción de defensa tendrá derecho a recuperar el coste económico de todo el litigio emprendido, incluidos los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y testigos. Además, estará exento de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares.
Las obligaciones de las administraciones
La ley incluye un apartado con deberes para todas las autoridades e instituciones. El montante total de las obligaciones para con Doñana son cinco:
1) Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección y precaución para evitar que las actividades humanas impacten negativamente. 2) Promover campañas de concienciación sobre los peligros ambientales que afrontan los ecosistemas. 3) Estudiar periódicamente su estado. 4) Restringir de forma inmediata todas aquellas actividades que puedan conducir a la extinción de especies o cualquier alteración natural. 5) Prohibir o limitar la introducción de organismos y/o materiales orgánicos o inorgánicos que puedan alterar Doñana.
Un paso más
Doñana agrupa gran diversidad de ecosistemas, desde las marismas a las playas, pasando por las dunas móviles, los ecotonos o los bosques xerófilos mediterráneos. Todo ello, su singularidad y valor, le han situado entre los territorios naturales más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco, de la Zona de Especial Importancia para las aves (ZEPA), de la Zona Especial de Conservación (ZEC), de la lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Según Unidas Podemos, si bien es cierto que Doñana ya goza del mayor nivel de protección, su actual situación de vulnerabilidad “requiere de nuevas herramientas”. En este sentido, consideran que lo ideal sería ampliar la protección efectiva otorgándole el mismo grado que al Mar Menor. De hecho, en la exposición de motivos del texto propuesto, la formación morada recuerda que a nivel internacional hay otros países que ya están otorgando personalidad jurídica y derechos a ecosistemas.