Unión del Pueblo Navarro (UPN) planteará este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Gobierno concrete un cronograma “concreto” de los pasos aún pendientes para la licitación y adjudicación “urgente” de las obras correspondientes a la segunda fase del Canal de Navarra.
La propuesta subraya igualmente el carácter “estratégico y vertebrador” de esta infraestructura hidráulica para el conjunto de la Comunidad Foral y remarca la importancia de culminar su despliegue atendiendo a criterios “técnicos, sociales y de interés general”.
En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, UPN reprocha que, tras ejecutarse la primera fase y su posterior ampliación, siga sin desarrollarse la segunda y última etapa del canal, concebida para garantizar el suministro de agua a la Ribera de Navarra, una de las áreas más áridas de la comunidad, así como para atender las necesidades de consumo humano e industrial de la mayoría de sus municipios.
En esta línea, UPN insiste en que dicha segunda fase es una actuación “estratégica” cuyo avance se ha visto lastrado en los últimos años por “parálisis, ambigüedad y retrasos excesivos”, generando “incertidumbre” entre ayuntamientos, mancomunidades de aguas, cooperativas, agricultores, empresas y el conjunto de la ciudadanía.
Retrasos acumulados y ausencia de licitación
A consecuencia de esta situación, la formación regionalista recuerda que distintos responsables institucionales han ido anunciando en los últimos años diversas fechas para la licitación que finalmente no se han materializado.
Para UPN, la falta de un calendario definido pone de manifiesto una “falta de planificación” que compromete la ejecución del proyecto y aplaza la modernización del abastecimiento de agua destinada al consumo humano, industrial y agrícola en la zona afectada.
En coherencia con este análisis, el partido critica que, pese a que el Gobierno de Navarra haya concluido las tareas que tenía encomendadas y que el proyecto haya sido “adaptado, actualizado y sometido a distintos procesos administrativos”, el Ministerio continúe sin ofrecer una respuesta clara.
De acuerdo con la iniciativa, siguen sin resolverse decisiones del Ministerio relativas al convenio de financiación con el Ejecutivo foral, al modelo de gestión, a la elaboración del estudio económico-financiero, a los informes de la Abogacía del Estado y a las autorizaciones del Consejo de Ministros.