Varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana, han anunciado su intención de impugnar ante la Justicia la regularización de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, al considerar que puede repercutir negativamente en la prestación de servicios públicos y provocar "una mayor saturación del sistema". En los casos de Madrid y Baleares, sus gobiernos ya han avanzado que pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de esa regularización.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto que regula el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor el jueves. Para su aplicación, el Ejecutivo incorporará 550 profesionales adicionales repartidos en 450 oficinas en todo el territorio nacional.
El Gobierno calcula que esta regularización extraordinaria alcanzará a 250.000 solicitantes de asilo y a otros 250.000 migrantes en situación irregular, que podrán acogerse mediante distintos tipos de arraigo, según han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los principales beneficiarios serán ciudadanos latinoamericanos y marroquíes.
Desde hace meses, las CCAA del PP vienen manifestando su rechazo a este proceso. Tras conocerse el texto pactado entre el Gobierno y Podemos, ya registraron alegaciones en contra y reclamaron la retirada del decreto, alertando de sus posibles consecuencias. En aquel momento avisaron de que podría incentivar a las mafias y tensionar los servicios públicos que gestionan autonomías y ayuntamientos.
Ayuso, la primera en anunciar un recurso contra la regularización
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en adelantar hace cinco días que recurriría el real decreto de regularización extraordinaria de extranjeros. "Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos", afirmó el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Díaz Ayuso criticó a Sánchez por intentar regularizar migrantes "sin control". "Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos (...) ", remachó. El Ejecutivo regional solicitará en su recurso la suspensión cautelar de la medida, según ha confirmado este martes.
El Govern balear también acudirá al Tribunal Supremo y reclamará la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens.
Estas fuentes han precisado que aguardan a la publicación del texto en el BOE para conocer su redacción definitiva, momento en que la Abogacía autonómica lo analizará para concretar las vías de actuación. Este martes, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha recalcado que el Govern defiende una regularización extraordinaria "cumpliendo con la legislación vigente y no haciendo un efecto llamada".
Un proceso diseñado "de espaldas" a las comunidades
El Gobierno de Aragón ha expresado igualmente su rechazo frontal al real decreto de regularización y ha adelantado que, una vez se publique en el BOE, activará "todas las acciones judiciales y políticas posibles" para frenarlo.
El Ejecutivo aragonés sostiene que la regularización se ha articulado "a espaldas" de las Comunidades Autónomas y "en contra de las recomendaciones y advertencias de diversos organismos", entre ellos el Consejo de Estado y la Comisión Europea.
Fuentes del Gobierno valenciano que encabeza Juanfran Pérez Llorca han señalado a Europa Press que también prevén recurrir el decreto de regularización aprobado por el Ejecutivo central, cuyo procedimiento arrancará este jueves de forma telemática y el 20 de abril de manera presencial.
Murcia estudia recurrir y Galicia critica el procedimiento
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avanzado que su Gobierno analizará "todos los aspectos" de la regularización masiva de migrantes y no descarta acudir a los tribunales, ya que, según ha señalado, "afecta" a todas las comunidades autónomas.
En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Foro 'Wake Up' de 'El Español' en Madrid, López Miras ha lamentado que "no han consultado" a los Ejecutivos autonómicos. "Lo que va a suponer la decisión del Gobierno es una mayor saturación del sistema público, de los servicios públicos", ha avisado, alertando de un posible "colapso" y "saturación" de esos servicios.
En una línea similar se ha pronunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "no escuchar" las alegaciones de las autonomías y ha mostrado su desacuerdo con el mecanismo elegido para aprobar el decreto de regularización masiva de migrantes.
Feijóo y Vox anuncian batalla política y judicial
Desde la dirección nacional del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, también se ha dejado abierta la puerta a recurrir la regularización ante los tribunales. "No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", afirmó este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.
Este martes, ante diputados y senadores del partido, Feijóo ha sostenido que la regularización de "más de un millón de migrantes irregulares" es "inhumana", "injusta", "insegura" e "insostenible", y ha recalcado que choca con la política de la Unión Europea y con la "mayoría de los españoles". Además, se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su disposición "para mitigar" los "disparates" que, a su juicio, está impulsando el Gobierno de Sánchez.
Vox también prepara su propia ofensiva judicial. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha avanzado que la formación presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización y reclamará su suspensión cautelar tan pronto como sea aprobada por el Consejo de Ministros, al considerar que esta decisión constituye otra forma de "corrupción".