La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que censura “los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112” tras el accidente ferroviario del 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. En el documento reclaman “una exhaustiva investigación de lo sucedido” y que “se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto”.
El colectivo, representado por su letrado Antonio Benítez Ostos, detalla en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que además del escrito remitido al presidente andaluz se han registrado denuncias “prácticamente idénticos” ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Asimismo, la asociación anuncia que estos hechos se pondrán en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), órgano que instruye la causa, al entender que, de confirmarse lo descrito, “sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por un función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos”. “Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal”, añaden en el texto.
Según expone la asociación, del reciente informe de la Guardia Civil se desprende que, tras un primer análisis de las grabaciones de los diferentes centros de emergencias implicados —Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS)—, y “a falta de ampliar las indagatorias con las correspondientes manifestaciones de los operadores”, se constata que “existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo”.
“Y las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo”, continúa el escrito.
El documento también recoge que “el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario Adamuz 'con papel y lápiz' debido al bloqueo del sistema informático” y que el equipo del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba “tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112”, al producirse de nuevo un fallo en la herramienta informática habitual.
Desde la asociación se incide en que “solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos”, subrayando “la gravedad de la situación vivida durante una emergencia de gran magnitud”.
El escrito recalca igualmente que estas incidencias “no son nuevos”, puesto que “gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos de todas las provincias andaluzas sufren múltiples carencias y deficiencias desde la implantación del sistema actual”, una problemática que, según recuerdan, “ha sido denunciado en numerosas ocasiones sin obtener respuesta”.
Por otra parte, el documento señala que “fuentes próximas al operativo de rescate han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba”, de modo que, “según esta versión, no se habrían cumplido 'protocolos básicos' en la comunicación de la emergencia”, como “indicar cuántos focos de siniestro y dónde estaban”.
“El protocolo de comunicación de emergencias del 112 español establece un procedimiento de entrevista con la que el operador telefónico requiere al alertante siete detalles: ubicación, qué ha pasado, número de víctimas, síntomas que ve en los heridos, qué ha hecho ya con ellos, qué peligros hay en la zona (fuego, gas) y nombre y teléfono por si se pierde el contacto”, apuntan.
En relación con ello, recuerdan que se trata de una adaptación civil de la comunicación sistematizada 'Nueve Líneas' que el Ejército emplea en las Medeva (Evacuaciones Médicas), siguiendo el formato OTAN. Las fuentes consultadas sobre el dispositivo de Adamuz sostienen públicamente, según se recoge en el escrito, que esos datos sobre la cifra y el estado de los afectados “se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia, 43 minutos después del accidente”.
La entidad advierte de que “es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad”, dado que, “si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores”.
La asociación recuerda, además, que la correcta prestación sanitaria y la protección de la salud constituyen “un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna que ha de ponerse en directa conexión con el derecho fundamental a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra norma suprema”.
En consecuencia, el colectivo solicita “la inmediata revisión del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión”, con el fin de que los centros coordinadores del 061 y 112 “cuenten con un soporte aplicativo adecuado para garantizar la atención a la ciudadanía en situaciones críticas”.
Asimismo, piden la remisión de un informe pormenorizado y de toda la documentación e información disponible sobre “lo realmente acaecido” en relación con estos hechos, además de que “se lleve a cabo una exhaustiva investigación de lo sucedido y se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto” y se dé “traslado de cuantas actuaciones se lleven a cabo en relación a lo instado por quienes suscriben”.