Las principales asociaciones de víctimas de la dana han trasladado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, su “profunda preocupación por el uso y la interpretación” del aforamiento en la causa abierta por la gestión de la riada en la que fallecieron 230 personas. Estos colectivos insisten en que esta figura jurídica “no puede desvirtuar su finalidad ni convertirse en un privilegio” y recalcan la importancia de que la justicia sea “independiente y creíble”.
Así lo exponen la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia en el manifiesto remitido a Bolaños tras la reunión mantenida el miércoles en Madrid.
En el documento, las asociaciones agradecen al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su “disposición” y destacan este “espacio de diálogo como una oportunidad necesaria para trasladar directamente” sus inquietudes y la situación que continúan afrontando como víctimas.
Su petición central se resume en tres conceptos: verdad, justicia y reparación. Reclaman un refuerzo de medios para la investigación judicial y consideran “imprescindible que, desde el Ministerio, y en la medida de sus competencias, se apoye con todos los recursos necesarios al juzgado de Catarroja encargado de la instrucción”, puesto que “solo garantizando medios suficientes --personales, técnicos y materiales-- se podrá desarrollar una investigación rigurosa, ágil y a la altura de la gravedad de los hechos”.
Al mismo tiempo, reivindican “una justicia independiente y creíble”. Subrayan que “la ciudadanía necesita creer en la justicia y para ello es imprescindible que esta actúe sin interferencias políticas y sin ser utilizada como un instrumento para conseguir en los tribunales lo que no se logra en el ámbito político”.
Alertan de que “en los últimos tiempos, --prosiguen-- estamos asistiendo a una preocupante dinámica en la que procedimientos judiciales se alargan, se reabren o se impulsan incluso con bases muy discutidas o con escasos indicios, mientras que en otros casos, como el que nos ocupa, se levantan obstáculos que dificultan avanzar en la investigación. Esto alimenta una sensación social de desigualdad y arbitrariedad que erosiona la confianza en el sistema judicial. La justicia no puede convertirse en un 'culebrón' ni en un espacio de confrontación permanente. Necesitamos una justicia en la que confiar, que no haga política judicial ni justicia política”.
Las asociaciones vuelven a exigir que se revise el uso de los aforamientos y exponen a Bolaños su “profunda preocupación por el uso y la interpretación del aforamiento en este caso, en un momento en el que nos encontramos a la espera de la resolución del recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana”.
Recuerdan que el aforamiento es “una garantía procesal, no un mecanismo de protección personal” y que “su aplicación --dicen-- no puede desvirtuar su finalidad ni convertirse en un privilegio. No entendemos que el Tribunal Superior de Justicia haya eximido de facto de la posición de garante a Carlos Mazón sin haberse completado la fase de instrucción. El aforamiento, como figura excepcional, no puede situarse por encima del derecho constitucional y fundamental de las víctimas a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo”.
Un “limbo de protección” y críticas al Tribunal
Para estas organizaciones, resulta “especialmente grave que el Tribunal haya optado por no asumir formalmente la causa, pero al mismo tiempo haya realizado valoraciones sobre el fondo”. Consideran que esta actuación “ambigua y contradictoria, genera una situación de inseguridad jurídica que consideramos inaceptable y que interpretamos como una maniobra que deja al investigado en un limbo de protección mientras se cuestiona el trabajo de la jueza instructora y las legítimas reivindicaciones de las víctimas”.
En su opinión, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón “debería estar siendo investigado”, aunque puntualizan que no están dictando culpabilidades, ya que son conscientes de que el procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción.
“Pero precisamente por ello, --apostillan-- recordamos que la elevación de la causa al Tribunal Superior de Justicia por parte de la jueza instructora responde a la existencia de indicios que justifican su investigación. Interpretamos las maniobras procesales orientadas a modificar este escenario como intentos de asegurarse una protección y una seguridad que no tuvieron las 230 personas que perdieron la vida el 29 de octubre”.
Advierten de que “la ciudadanía no puede seguir asistiendo a este proceso como si fuera un espectáculo. España necesita una justicia en la que confiar, basada en la claridad, la coherencia y el respeto a los derechos fundamentales. Finalizamos reiterando nuestra voluntad de colaboración institucional, pero también nuestra determinación: vamos a seguir hasta el final. Por las víctimas. Por la verdad. Por la justicia. Por la reparación. Veritat, Justícia i Reparació”.