El empresario minero leonés Victorino Alonso ha declarado este viernes que “la Administración sabía que se estaba sacando carbón” en la explotación de Cerredo, en el concejo de Degaña, y que “buscó las formas para que pudieran seguir haciéndolo”.
Alonso ha intervenido por vía telemática ante la comisión de investigación sobre el siniestro ocurrido el pasado 31 de marzo. Durante su comparecencia ha insistido en que “es imposible que un inspector de minas desconociese esta situación” y ha remarcado que “tienen ahí un lío muy gordo montado en el Principado, así que lo arreglen”.
En relación con las tareas desarrolladas en Cerredo, ha explicado que “aprovecharon las galerías antiguas y aprovecharon los carbones que estaban sin extraer, quizás por su calidad o por su potencia, y entonces lo que hicieron es 'chamicear'”. Sobre la esposa del empresario Jesús Rodríguez Morán, administradora única de Combayl, y su hijo, administrador de Blue Solving, ha señalado que “no tienen formación y nunca explotaron carbón, son lo que se denomina vulgarmente en el gremio chamiceros”.
El empresario ha descrito que los mineros “estaban a un kilómetro y medio de la calle con un travesal muy largo, un recorte y una guía que ya estaba hecha, venían en retroceso montando pozos sin postear, sin tener postaller, solamente andamiándose en las puntadas; y las llaves que indicó ayer el señor Biain eran exclusivamente para la sobreguía porque no había un postaller”. Según ha añadido, “cada 30 metros montaban un pozo”.
Alonso ha incidido en que “no tenían ningún tipo de ventilación, y no tenían segunda salida en la mina. No tenían ventilación desde la calle, es decir, tenían todos los complementos para que tener un accidente muy grave, muy grave”. A su juicio, “era cuestión de tiempo” que se produjera un siniestro, y ha precisado que “no fue por hundimiento”, sino “simplemente por una explosión de grisú, por falta de ventilación. “Les hubiera ocurrido sí o sí en determinado tiempo”, ha sentenciado.
Para el empresario “es imposible que un inspector de minas” no estuviera al tanto de lo que sucedía, recordando que “los inspectores de minas son muy escrupulosos, van a las explotaciones regularmente, cada dos o tres meses, y siguen una serie de medidas de seguridad muy fuertes”.
Alonso ha reiterado que “la Administración sabía que se estaba sacando carbón y buscó las formas de que pudieran seguir haciéndolo. Eso está más claro que el agua. Hasta un niño pequeño no lo ve. Otra cosa es que no sé hasta qué nivel de la administración llega”. De nuevo, ha concluido que “tienen ahí un lío muy gordo montado en el Principado, así que lo arreglen”.
Proyecto de Investigación Complementaria y ayudas públicas
Preguntado por la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), ha manifestado que “no sabía ni que existía”. Según su versión, “se hizo para esa mina, para poder explotar carbón ilegalmente y tener un poco cubierto el contexto. Eso no existe, es un invento moderno de estos especialistas para engañar al Ministerio, al Instituto de Transición y a todo el mundo. Yo no sé quién les habrá asesorado, pero desde luego alguien externo les ha asesorado”.
En cuanto a las subvenciones recibidas durante la actividad minera, Alonso ha recordado que todas las explotaciones estaban incluidas en el plan de cierre y, por ello, debían reintegrar las ayudas en caso de retomar la producción de carbón. Al ser interrogado sobre el volumen económico que habría que restituir, no ha ofrecido una cantidad exacta, aunque ha indicado que supera los 6 millones de euros y que podría alcanzar “varios millones de euros” acumulados en los últimos 15 o 20 años, dado que las ayudas se calculaban como diferencia entre el precio nacional e internacional del carbón.
Calcula que el montante podría suponer aproximadamente un tercio del valor total del carbón comercializado en ese periodo, lo que, según su estimación aproximada, podría rondar los 26 millones de euros, si bien reconoce que no lo ha cuantificado con precisión. “Es inviable que ninguna empresa minera pueda reabrir devolviendo ayudas”, ha asegurado.
Alonso ha añadido que, en la etapa en la que explotaba la mina de Cerredo, la extracción se realizaba “desde la superficie hasta lo más fondo del pozo e incluso las reservas inferiores que hay en el último nivel del pozo”. Ha recalcado que “todo yacimiento en su integridad, tanto en el sentido horizontal como vertical, está sujeto a la devolución de ayudas”, y ha tildado de “excusas peregrinas” los argumentos de otros actores para intentar eludir esa obligación.
Supuestos robos de carbón y papel de Promining
El empresario ha recordado que su grupo minero adquirió el yacimiento de Cerredo, actualmente propiedad de Coto Cortés, hace entre 15 y 20 años, y ha remarcado que se trataba de un recurso de gran calidad, con unas reservas estimadas en 200 millones de toneladas de carbón. La clausura de la mina se produjo posteriormente por decisión del Gobierno central, en el marco del plan de cierre de todas las minas en España.
Alonso ha negado mantener relación personal con Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, y ha denunciado supuestos robos de carbón atribuidos a este, que no habría podido reclamar por la vía judicial al haberse declarado insolvente, según su relato. “No lo conozco, tengo referencias de él porque nos ha robado desde hace 15 años hasta la fecha”, ha indicado, para después precisar que no existió vínculo empresarial. “Ese señor era uno de los mil señores que compraban carbón. Un carboneto de poca monta. Eso, en todo caso, hablaría con el ayudante de oficina de un comercial”, ha señalado.
Respecto a la compañía Promining, Alonso ha aclarado que su papel se limita a ser administrador “de alguna sociedad propietaria de Promining” y ha asegurado que no ordenó presentar denuncias ante la Dirección General de Minas ni ante la Fiscalía, aunque sí estaba al tanto de su contenido. “Me lo pasaron por correo para que las leyera, a ver qué tal me parecían. Me parecían correctas”, ha afirmado.