El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia Vicaria, un texto que por primera vez reconoce y tipifica de manera específica esta forma de violencia de género en el ordenamiento jurídico español.
La violencia vicaria se define como aquella ejercida por la pareja o expareja con el objetivo de dañar a la mujer a través de los hijos u otros menores a su cargo. Hasta ahora, estos actos se abordaban de manera indirecta en la legislación penal, pero no existía una categoría autónoma que recogiera su naturaleza y gravedad.
El texto ha sido impulsado por el ministerio de Igualdad. Su titular, Ana Redondo, ya anunció en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso, la necesidad de definir la violencia vicaria: «Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género».
Una tipificación propia
Así, el nuevo anteproyecto contempla la creación de un delito específico de violencia vicaria, con penas propias y medidas accesorias inéditas. Entre ellas, se incluye la posibilidad de que los jueces prohíban a los condenados publicar o difundir contenidos vinculados al delito durante un plazo de hasta 20 años, una fórmula pensada para evitar la revictimización de familiares y allegados, como ocurrió en el caso de José Bretón.
Además, el texto prevé la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género y la incorporación de esta modalidad de violencia en el futuro Pacto de Estado, lo que permitirá desplegar medidas de prevención, atención psicológica y acompañamiento especializado para los menores afectados.
Protección de los menores y freno a figuras polémicas
El anteproyecto refuerza el derecho de los menores a ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos que les afecten. También incorpora un veto expreso a la utilización de doctrinas sin aval científico como el llamado “síndrome de alienación parental”, a menudo invocado para cuestionar el testimonio de madres y limitar su relación con los hijos en procesos de custodia.
Formación obligatoria en la carrera judicial
Otra de las novedades es la inclusión de la violencia vicaria en los planes de formación de jueces, fiscales y operadores jurídicos. Con ello se busca dotar al sistema judicial de herramientas adecuadas para identificar y tratar este tipo de violencia con la sensibilidad que requiere.
Recorrido parlamentario
Tras la aprobación de hoy, el anteproyecto deberá recabar informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Una vez emitidos, el texto volverá al Ejecutivo para la incorporación de las recomendaciones y, posteriormente, será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley.
En la Cámara Baja se abrirá el debate de totalidad, el proceso de enmiendas y la discusión en comisión. Superada esa fase, pasará al Pleno para su votación y, en caso de aprobación, continuará su recorrido en el Senado, donde podrá ser ratificado o enmendado antes de su entrada definitiva en vigor.
Un paso más en la agenda de igualdad
Con esta norma, el Gobierno busca reforzar el marco legal de protección frente a las violencias de género, ampliando su alcance a un fenómeno que ha sido reconocido por organismos internacionales como una de las expresiones más crueles de la violencia machista.