El procedimiento abierto en el Congreso contra Vito Quiles entra en su fase final. El instructor del expediente ha citado a las partes antes de cerrar el informe que deberá remitir a la Mesa del Congreso, órgano competente para adoptar una decisión definitiva sobre una eventual sanción que podría traducirse en la retirada de su acreditación de prensa por un periodo de hasta tres meses.
El movimiento se produce después de que Quiles renunciara a presentar alegaciones frente a las denuncias que le atribuyen haber grabado sin autorización en dependencias parlamentarias en dos ocasiones. Así, el instructor escuchará tanto a la parte denunciante como a la denunciada antes de formular su propuesta.
Infracciones graves y reiteración
El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, creado tras la última reforma del reglamento para abordar este tipo de situaciones, ya aprobó sendos informes en los que considera que Quiles acreditado por el pseudomedio EDATV incurrió en infracciones graves al grabar con su teléfono móvil en espacios no autorizados.
El mismo órgano propuso también la suspensión de la acreditación de Bertrand Ndongo, vinculado a Periodista Digital, por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar.
El reglamento interno prevé sanciones de entre once días y tres meses por faltas graves, aunque la reiteración puede derivar en la expulsión definitiva del registro de periodistas acreditados.
Denuncias de la APP y grabaciones sin consentimiento
Las actuaciones contra Quiles parten de denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). Uno de los episodios recogidos en el informe señala que el 11 de diciembre el agitador persiguió “contra su voluntad” al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de un acto organizado en el Congreso, difundiendo posteriormente imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales.
Un segundo informe alude a hechos ocurridos el 20 de noviembre, cuando, “a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación”, captó imágenes del presidente del Gobierno contradiciendo su voluntad expresa de no ser entrevistado.
El Consejo Consultivo advierte en su dictamen que “conductas como la denunciada causan un grave daño a la institución”, al afectar al decoro parlamentario y al normal desarrollo de las actividades oficiales.