QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana avanzó este miércoles la elaboración de un futuro decreto para que todo contrato de alquiler de temporada o estacional tenga que estar asociado a una causa y que esta esté debidamente justificada.
La propuesta fue llevada por la ministra Isabel Rodríguez a la tercera reunión del grupo de trabajo impulsado por el Gobierno en diciembre con patronales del sector inmobiliario, sindicatos y sindicatos de inquilinos.
Según explicó Rodríguez a los medios de comunicación a la salida de la reunión celebrada en el Ministerio, la duración de este tipo de contratos estará determinada por la causa que lo motive, y esta deberá ser acreditada, al igual que se exige otro tipo de documentación, como una nómina, para firmar un contrato de vivienda habitual.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar que estos contratos respondan a su finalidad y no a servir de subterfugio a caseros que quieren alquilar su vivienda sin aplicar las garantías previstas en la Ley 12/2023 por el derecho a la Vivienda, tales como el control de precios o la prohibición de repercutir gastos de agencia.
La regulación supondrá el desarrollo reglamentario del artículo 3 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, dedicado al arrendamiento para uso distinto del de vivienda, y al no tener rango de ley no tendrá que ser examinada por el Congreso.
El decreto, ha informado la titular de Vivienda, se tramitará por la vía de urgencia, lo que supone la reducción a la mitad de todos los plazos administrativos y permite incluso evitar la fase de consulta pública previa. Rodríguez ha dicho, no obstante, que respetará todas las garantías de participación ciudadana y que confía tenerlo listo «a finales de verano».
Registro único de contratos de corta duración
Vivienda quiere, además, utilizar este decreto para desarrollar la aplicación en España del último reglamento europeo sobre contratos de vivienda de corta duración (Reglamento 2024/1028), que prevé normas para homogeneizar la información y el tratamiento de los datos de los registros de este tipo de contratos.
La idea del Ministerio es impulsar un registro único en el que volcar todo tipo de contrato de alquiler de corta duración, ya sean de carácter estacional o turístico, siempre que esté anunciado en una plataforma online, y ponerlo al servicio de todas las administraciones competentes en la materia.
El reglamento fue publicado el pasado abril, pero no será aplicable hasta mayo de 2026. Sin embargo, Vivienda quiere que el registro único de contratos de corta duración esté listo a lo largo del próximo año. El objetivo inicial es que estuviera a finales, pero espera que sea antes. El desarrollo del registro único está encomendado a la Dirección General de Planificación y Evaluación dirigida por Ana Berenguer.
«Modificación quirúrgica» de la Ley sobre Propiedad Horizontal
En paralelo, el Ministerio de Vivienda también trabaja en una «modificación quirúrgica» de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal para que toda vivienda en régimen de alquiler turístico deba contar con la autorización de la comunidad de vecinos.
Esta ley ya contiene una disposición que permite limitar o condicionar esta actividad económica por mayoría de tres quintos del total de propietarios –la disposición se incluyó en uno de los decretos-ley aprobados por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2019–.
Según explicó Rodríguez, el cambio no va dirigido a alterar las mayorías necesarias para vetar estos usos, sino a exigir una autorización previa de la comunidad de propietarios antes del inicio de la actividad.
Esta modificación sí exigiría la aprobación de una norma con rango de ley y previsiblemente se hará a través de un decreto-ley, lo que exige el aval del Congreso para su convalidación en el plazo de un mes desde su aprobación por el Consejo de Ministros.
Rodríguez explicó a los medios de comunicación que esta misma semana empezará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para garantizar sus apoyos, abriendo la puerta a introducir otros cambios en la norma a raíz de estos contactos.
También entablará encuentros con entidades del sector, patronales, sindicatos y las propias plataformas digitales que dan soporte a las ofertas de estos alquileres.
No convence ni a ningún sindicato
Los sindicatos de inquilinos criticaron a la salida de la reunión que el Gobierno no se decidiera a reformar la ley para regular los alquileres de temporada y dejaran fuera de su propuesta a los alquileres por habitaciones. «Dejar la ley tal como está actualmente sólo perpetúa los problemas existentes», expresaron en un comunicado.
También recelan del registro único planteado, pues creen que tardará en ponerse en marcha al igual que sucedió con el índice de precios –casi un año desde la aprobación de la ley– y lo ven como «un sistema encubierto de licencias». Víctor Palomo, portavoz del sindicato en Madrid, criticó que el Gobierno renuncie a castigar por la vía fiscal estas fórmulas contractuales.
Ninguno de los sindicatos convocados salió convencido de la reunión. Los representantes de CCOO y UGT señalaron que el compromiso del Gobierno era llevar una propuesta normativa concreta, y sólo se habían encontrado con «ideas».
Carlos Bravo, de CCOO, emplazó al Ejecutivo a acometer reformas, con el fin de prohibir la emisión de licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas, estén declaradas o no por las administraciones autonómicas, y actuar por el lado fiscal gravando un 21% de IVA estas viviendas, lo que podría recaudar hasta 1.700 millones de euros adicionales.
En el caso de estacionales, pide limitar su duración a un máximo de seis meses (ampliable hasta doce) y extender a estos contratos las garantías previstas para los alquileres de vivienda habitual que se aprobaron en la Ley de Vivienda.
Estas dos propuestas forman parte precisamente de una proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinas, también presente en la reunión, y registrada la semana pasada en el Congreso por Sumar, ERC, EH-Bildu, Podemos y BNG.
