El primer debate del último año de la legislatura en el Congreso acabó con los grupos marcando posiciones en las reformas pendientes.
La comparecencia del presidente Pedro Sánchez era para informar del plan económico del Gobierno contra la crisis energética y de precios y los últimos Consejos Europeos, pero el debate tuvo alusiones a la Ley de Vivienda, la derogación de la ‘Mordaza’ o la última reforma de pensiones.
En esta, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, no se anduvo con rodeos. Advirtió directamente al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de que no validará una ampliación del período de cómputo para calcular las pensiones a 30 años: «Son recortes», resumió.
Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem, abrió su turno con la Ley de Vivienda, afeando la reunión de Sánchez en Davos con el CEO de Blackrock. También lo hicieron ERC y Bildu. «¿De qué hablaron?», le preguntó al respecto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, deseando que «no tenga nada que ver con las reticencias del PSOE a aprobar según qué cosas en la Ley de Vivienda».
«Escuche más a la gente y menos a los fondos buitre», pidió Asens al presidente, reivindicando que en la Barcelona regida por Ada Colau no ponen «alfombras rojas», sino «multas millonarias».
Rufián le ha exigido una regulación eficaz y dejar a los gobiernos autonómicos y locales a definir los parámetros para aplicar la regulación. Competencias que Aizpurua ha exigido «blindar».
La diputada de Bildu también ha anticipado su rechazo a «una suerte de Mordaza 2.0» si el Gobierno plantea con una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sin derogar «los aspectos más lesivos contra los derechos y libertades de la ciudadanía».
Aizpurua señaló directamente al PSOE por querer mantener en la ley el uso de pelotas de goma, las devoluciones en caliente, las sanciones «injustificadas» por «faltas de respeto» y «las generalizadas acusaciones de desobediencia sin necesidad de justificación alguna». Sin esos puntos, criticó, «la mordaza se mantiene».