La última ronda de votaciones del curso político acabará, como no podía ser de otra manera, con otra votación de infarto.
El Gobierno se dirige hacia otra previsible derrota, esta en uno de sus decretos-ley, que acomete una batería de reformas en la regulación del sistema eléctrico en respuesta al gran apagón vivido el pasado 28 de abril.
El Gobierno ya sabe que no puede contar ni con Podemos ni con Vox. Todo queda en manos del PP, que si suma sus votos (y el de UPN) lograrían sumar 175 votos. La mitad del hemiciclo, suficiente para rechazar la propuesta.
Todas las fuentes ‘populares’ consultadas por Demócrata sostienen que la decisión aún no está tomada. Pero también coinciden que la tentación de tumbar un decreto-ley y asestar una derrota al Ejecutivo antes de cerrar el curso supone una tentación demasiado tentadora como para dejarla pasar.
Todo ello pese a las presiones recibidas en los últimos días para, por lo menos, facilitar la convalidación con una abstención. Entre ellas, las de las asociaciones de empresas del sector eléctrico e industrial, pero también de las comunidades autónomas. En juego están inversiones en proyectos renovables, muchas de ellas beneficiadas por la flexibilización de permisos, pero también rebajas fiscales en la industria.
¿Qué pasa si hay empate?
El Reglamento contempla que, en caso de empate, vuelve a celebrarse la votación. Y, en caso de persistir este equilibrio, la votación deberá suspenderse durante el tiempo que estime la presidencia.
Si se produce un tercer empate, una vez se reanude la votación, la iniciativa se entendería como rechazada.
Ni ausencias ni errores
Para llegar a este empate, en todo caso, ambos bloques deberían votar sin la ausencia de ningún diputado (presencial o telemáticamente) y sin ningún fallo.
En el caso del bloque del Gobierno, por ejemplo, alcanzar los 175 apoyos supondría contar con el voto favorable del exministro del José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y diputado hoy del Grupo Mixto tras estallar la presunta trama de comisiones a cambio de amaños de contratos públicos en el Ministerio de Transportes durante su mandato.
¿Qué se vota?
El decreto-ley es la respuesta legislativa al apagón en el sistema eléctrico del 28 de abril, con medidas para el refuerzo de la coordinación y supervisión a través de Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además de ello, el Gobierno aprovechó para acometer nuevas reformas en la regulación del sistema eléctrico, especialmente en los ámbitos del almacenamiento energético y la tramitación de proyectos renovables, pero también en el autoconsumo, la movilidad eléctrica o la fiscalidad de la industria.