El grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias ha tildado de “ejercicio de puro populismo y falta de rigor” el “giro de 180 grados” del Gobierno autonómico en relación con las ayudas a las familias afectadas por el accidente de la mina de Cerredo, un cambio de criterio que el partido considera un “bandazo” motivado por el “miedo al desgaste electoral”.
Tras el anuncio del Ejecutivo de rectificar su posición inicial y poner en marcha un fondo de indemnizaciones, el diputado Gonzalo Centeno ha denunciado que el PSOE ha pasado de ampararse en “imposibilidades técnicas” a justificar ahora su decisión en una “supuesta cuestión humanitaria” una vez que se ha visto, a su juicio, acorralado en el plano político.
“Estamos ante la prueba definitiva de que este Gobierno no se mueve por el interés general, sino por la gestión de su propia imagen”, ha afirmado Centeno, que considera “inaudito” que la dirección del PSOE haya tenido que “desautorizar públicamente” en pocas horas a su propio portavoz y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Según ha recordado el parlamentario de Vox, “ayer el dinero era legalmente imposible, hoy, ante el temor a la pérdida de votos, el dinero aparece por arte de magia. Es una falta de respeto a las víctimas y a la inteligencia de los asturianos”, en referencia al cambio de postura del Principado.
Vox sostiene que esta rectificación pone de manifiesto la “arquitectura administrativa fallida” del Ejecutivo de coalición y que la decisión no obedece a una verdadera sensibilidad hacia las familias de los mineros fallecidos, sino a un intento de “tapar el agujero” generado por el dictamen de la comisión de investigación, que recoge fallos de control y supervisión “gravísimos” por parte de la Administración.
“¿Es este el Gobierno que Asturias merece? Un Ejecutivo que actúa por espasmos ante la presión de la prensa y que carece de una hoja de ruta seria para situaciones tan dramáticas como la de Cerredo”, se ha preguntado el diputado, que ha insistido en que su formación seguirá reclamando que la asunción de responsabilidades “no se quede en un mero movimiento de partidas presupuestarias, sino que llegue hasta el fondo de las negligencias políticas que permitieron la actividad en la mina”.