Tan sólo un día después de que la estación de trenes de Córdoba haya estrenado nueva denominación oficial, Estación de Córdoba-Julio Anguita, en homenaje al exalcalde de la ciudad e histórico dirigente de IU y el PCE, Vox ha anunciado que planea llevar a los tribunales el rebautizo. Lo que en principio pudiera parecer un acto de memoria local se ha convertido en un punto de fricción política con críticas sobre la legalidad del procedimiento, la asunción de costes y el carácter simbólico del gesto político.
Fue en el pasado mes de febrero cuando los grupos del PP, PSOE y Hacemos del Ayuntamiento de Córdoba aprobaron en Pleno Ordinario una moción de Hacemos para pedir a Adif que la estación de trenes se denominara ‘Alcalde Julio Anguita’ para «rendir un merecido homenaje al primer alcalde democrático de la ciudad». Ya entonces la propuesta contó con el voto en contra de Vox.
La idea de renombrar la estación partió del Colectivo Prometeo, fundado por el propio Julio Anguita. Fue apoyada por una recogida de firmas y posteriormente, tal y como hemos apuntado, aprobada en el Ayuntamiento de Córdoba.
El Ministerio de Transportes publicó la resolución definitiva en junio de 2025, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), autorizando la nueva denominación de la estación como “Córdoba-Julio Anguita” o “Córdoba ‒ Julio Anguita”.
Según ADIF, la estación ya muestra la nueva rotulación, y todos los teleindicadores con origen o destino Córdoba han adoptado la nomenclatura. Se espera que para finales de año esté instalada toda la señalética nueva.
VOX CONTRA TODOS
Vox ha presentado un recurso de reposición contra la resolución que aprueba el nuevo nombre y también anuncia que llevará el asunto a la vía contencioso-administrativa, planteando la posibilidad de que el presidente de ADIF haya incurrido en un presunto delito de prevaricación.
Sostiene que la orden ministerial del 6 de septiembre de 2024 exige que cuando la iniciativa de un renombramiento parte de un colectivo privado, como Prometeo, éste debe sufragar los costes, estimados en 180.000 euros (rotulación, señalización, actualización de documentos oficiales, señalética digital, etc.). Vox afirma que este gasto ha sido asumido por el Gobierno, es decir, con fondos públicos.
También aduce que el procedimiento se ha tramitado “como de oficio” por parte del Ministerio de Transportes, cuando según la formación, el origen fue una propuesta privada trasladada luego al Ayuntamiento. Esto, dicen, “vicia de nulidad” el expediente.
Además, tras la rapidez con la que, según la esta formación, se ha tramitado todo es poco habitual, lo que consideran como indicativo de un impulso y una carga política en el cambio de nombre. Acusa al Partido Popular, con mayoría absoluta en la ciudad, de traicionar a sus votantes y de actuar con incoherencia por respaldar lo que califican como “el mayor homenaje que se ha hecho nunca a un secretario general del Partido Comunista«, según declaraciones de la portavoz de Vox en el ayuntamiento cordobés, Paula Badanelli, recogidas por el diario Cordópolis.