Vox indaga sobre la operatividad ilegal del CREADE en Pozuelo y solicita detalles sobre su suspensión

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda.Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

Vox en la capital ha interpelado este jueves acerca de si el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE), ubicado en Pozuelo de Alarcón, estaba operando sin la licencia correspondiente y «por qué motivo». Isabel Pérez Moñino, portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid, hizo estas declaraciones tras saber que el ayuntamiento local había notificado al CREADE la suspensión temporal de actividades al verificar que el inmueble no tenía licencia residencial sino educativa.

«Ahora tenemos que escuchar al PP de Pozuelo diciendo que el centro de ilegales del municipio no tiene licencia, pero la realidad es que actualmente está funcionando el centro de ilegales», señaló Moñino. A continuación, criticó que ni el PP ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyan la «deportación de todos los ilegales», medida que Vox sí respalda.

Después, el Grupo Municipal Vox en Pozuelo comunicó que había hecho una petición formal al gobierno local para obtener acceso inmediato al expediente que provocó el cierre provisional del CREADE. Ainhoa García Flórez, la portavoz municipal, denunció la respuesta «tardía y reactiva» del Partido Popular, acusándolos de «usar la ley a conveniencia, actuando únicamente cuando la presión mediática lo exige, en lugar de hacer cumplir la legalidad desde el primer momento».

LA INSPECCIÓN

La decisión de cerrar se tomó tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo realizada después de que se anunciara el plan del Gobierno de trasladar permanentemente a 400 menores solicitantes de asilo al centro, de acuerdo con fuentes ‘populares’. Estas mismas fuentes destacaron que el consistorio ha protestado repetidamente contra el uso del centro como residencia permanente.

Tras la notificación de la orden de cierre temporal, el CREADE tiene quince días para presentar alegaciones. Sin embargo, deben acatar la suspensión de actividades y, por lo tanto, el Gobierno deberá trasladar a los residentes actuales a otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, lo prioritario es «asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad» de los residentes del centro.

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