VOX ha formalizado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Boltaña por lo ocurrido durante su acto público de atención a medios celebrado el pasado 16 de enero en la localidad oscense de Aínsa, “tras detectar una campaña organizada de cartelería y movilización destinada a boicotear el evento y amedrentar a simpatizantes y asistentes en pleno periodo de precampaña electoral”.
El responsable jurídico electoral de Vox en Aragón y diputado autonómico, David Arranz, ha detallado que el partido había anunciado con antelación la comparecencia pública del presidente nacional, Santiago Abascal, junto al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. En los días anteriores comenzaron a circular en redes sociales llamamientos para confrontar la presencia de Vox, a la vez que se colocaron numerosos carteles con mensajes injuriosos en diferentes zonas del municipio.
Según ha indicado Arranz, “a la llegada de la comitiva a Aínsa el propio día 16, se constató la presencia de esta cartelería en mobiliario urbano y la concentración de un grupo pequeño identificado con estética radical de extrema izquierda portando los mismos carteles en la Plaza Mayor, lugar elegido para la comparecencia pública”.
Pese a que no se registraron incidentes de especial gravedad, la formación sostiene que esta campaña “disuadió a afiliados y simpatizantes de acudir al acto y obligó a desplegar un dispositivo extraordinario de seguridad”. Tras presentar la denuncia, Arranz ha manifestado que “se ha intentado coaccionar y amedrentar a nuestros simpatizantes”, recordando además que “los delitos electorales existen y contra VOX no sale gratis intentar intimidarnos”. Ha añadido igualmente que los presuntos implicados “están identificados” y que los hechos ya están siendo objeto de investigación.
En el escrito se recoge la posible comisión de delitos de coacciones, al entender que se trató de impedir o entorpecer la celebración de un acto político autorizado; delitos de odio, por los mensajes dirigidos contra una formación política concreta y sus simpatizantes por razones ideológicas; y delitos contra el orden público, por las consecuencias generadas sobre el dispositivo de seguridad.
De igual modo, se apunta a una posible infracción de la normativa sobre delitos electorales, contemplados en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al haberse producido los hechos en plena precampaña y afectar de forma directa al ejercicio de la actividad política y a la libertad de participación.
Desde Vox se ha insistido en que este tipo de actuaciones reviste especial gravedad cuando se dan en un contexto preelectoral, ya que pueden alterar el normal funcionamiento del proceso democrático y vulnerar derechos fundamentales como la libertad de reunión y la participación política reconocidos en la Constitución. El partido ha solicitado la apertura de diligencias para identificar a los responsables y el traslado del asunto a la Fiscalía o a la autoridad judicial competente en caso de apreciarse responsabilidades penales o electorales.